El "trabajómetro" en el Congreso nacional

Me interesa proponer un debate a partir de la nota publicada el día 10 de marzo por EL DIA bajo el título "El Congreso sigue a media máquina". En esta nota, que se reprodujo también en otros medios, puede leerse: En los dos primeros meses de 2008 se presentaron en el Congreso Nacional apenas 34 proyectos ley, la cifra más baja para este período desde el año 2000. (...) Pero 2008 no empezó con mejores auspicios, pues durante los dos primeros meses hubo una actividad legislativa escasa, ya que hasta la última semana de febrero sólo se habían presentado 34 proyectos de ley. De este total, apenas 24 iniciativas fueron elaboradas por diputados o senadores; mientras que el resto provino del Poder Ejecutivo, de acuerdo con un informe que publica el Semanario Parlamentario. La nota hace un análisis crítico referido a la baja productividad del Congreso.

Si bien es necesario un control ciudadano y periodístico sobre la actividad del Congreso y sus integrantes, me interesa precisar el tipo de control que es esperable en sociedades que aspiran a forjar un proyecto de Nación. Debe tenerse en cuenta además que, en un contexto de crisis de representación y recuperación de las instituciones, las noticias periodísticas realizan una suerte de docencia ciudadana, por lo que habrá que participar de un debate que nos regrese a las grandes preguntas: ¿vale la pena la democracia? ¿podemos y queremos ser representados? ¿qué esperamos de esta representación?

La actividad parlamentaria supone el estudio y aprobación de las leyes que mejor colaboran con las aspiraciones y proyectos de una Nación. Esta definición nos aleja de una suerte de "mercado legislativo" en el que el trabajo del legislador se evalúa a partir de la "cantidad" de proyectos de su autoría y el trabajo del Congreso a partir de una estadística que revela los proyectos ingresados por sus mesas de entradas. Este análisis no toma en cuenta el problema, invisible y complejo, que supone una proliferación normativa errática y sin objetivos precisos. Son conocidos los esfuerzos de varias provincias y del ámbito nacional por generar un digesto único que derogue normas anacrónicas o duplicadas y permita a la población conocer el marco legal que regula su vida en sociedad. En este sentido, es más que oportuno conocer algunos digestos jurídicos provinciales que ya han "desandado" el camino de esta proliferación, entre los que se destaca el de la provincia de San Luis (ver www.sanluis.gov.ar).

Un mérito evaluado a partir de los "proyectos presentados", que no toma en cuenta el valor de la colaboración con otros legisladores o la asunción de posiciones críticas o de apoyo a los proyectos presentados por el Poder Ejecutivo, lleva al legislador a una suerte de hiperactividad sin efectos reales en la vida pública. Pretendemos que los legisladores realicen, desde el oficialismo o desde un rol opositor, un análisis integral de las propuestas que se presentan para atender la agenda nacional y, en todo caso, pretendemos un Congreso que presente a la sociedad debates sustantivos y votos responsables de normas que le definirán su presente y su futuro. Esperamos que cada legislador asuma sus posiciones a partir de convicciones y opciones políticas defendidas con argumentos sólidos y en base a datos fehacientes. Se espera también un compromiso activo con los temas y territorios que se representan.

Por su parte, el trabajo en comisiones tampoco se ve reflejado en el número de proyectos que presentan las estadísticas. Este trabajo da cuenta de una actividad grupal que mejora la calidad de las normas: las comisiones son ámbitos de negociación y sus actas forman parte de nuestro patrimonio ciudadano al reflejar las posiciones contrapuestas y los acuerdos alcanzados. Otra práctica legislativa es el acompañamiento de proyectos de otros autores, lo que supone la posibilidad de actuar más colegiadamente a la hora de presentar proyectos a una Nación. Estas situaciones son comunes en los cuerpos colegiados y muchos legisladores trabajan arduamente para alcanzar acuerdos, pero esto no aparece en las noticias.

Seguramente, aún desde los criterios aquí propuestos la actividad del Congreso deja mucho que desear. Así, pueden denunciarse un sinfín de malas prácticas enquistadas. La recuperación de las instituciones debe saldar esta deuda, indefectiblemente. Debemos revisar cada rincón del Estado para que este vuelva a servir a la sociedad que lo origina y sustenta. En este sentido, nos deberíamos convocar para volver a llenar las gradas de los concejos deliberantes, la legislatura provincial y el congreso nacional, porque quienes han convertido esos lugares en espacios desprestigiados no dejarán su inacción por propia voluntad: un pueblo comprometido con su destino deberá asumir la defensa de la calidad de sus instituciones.

En todo caso, la reflexión que pretendo hacer no defiende al Congreso y sus integrantes: simplemente, llama la atención sobre un tipo de control que no colabora con la calidad institucional a la que aspiramos y propone una mirada más integral y comprometida con el proyecto de Nación.


(*) Diputada nacional