Habrá un "árbitro" para los conflictos con los estatales

El gobierno bonaerense y los gremios estatales buscarán definir la creación de un organismo imparcial que arbitre en los conflictos entre el Estado provincial y los trabajadores del sector público. La discusión viene precedida de una fuerte puja, ya que existen posiciones encontradas en torno de qué sector podrá convocar al arbitraje y, además, si será o no apelable en la Justicia la decisión que adopte el nuevo ente.

La importancia del tema está dada en que en la actualidad, cuando se desata un conflicto entre la Provincia y los gremios luego de frustrada la conciliación entre las partes, no existe un organismo que oficie de árbitro. De esta manera, muchas disputas terminan tramitándose en la Justicia como ocurrió, por ejemplo, con los descuentos salariales a docentes y judiciales.

De este organismo no participarán ni funcionarios ni sindicalistas. Y si bien no está definida su conformación, se habla que que podrían integrarlo abogados de la matrícula, aunque la CTA y la FEB sólo mencionan "ciudadanos" y "personas de reconocida solvencia".

En las próximas horas el ministerio de Trabajo será sede de una reunión entre representantes sindicales y de la cartera laboral, en busca de ir acercando posiciones en la redacción de los primeros artículos del proyecto. La administración de Daniel Scioli pretenden llegar al máximo de consenso posible antes de girar el tema a la Legislatura, aunque se supone que algunas disidencias serán "inevitables" y, por lo tanto, deberán serán abordadas por diputados y senadores.

La creación del organismo imparcial es una imposición constitucional. El artículo 39 de la Carta Magna provincial habla de su conformación como garantía para la resolución de conflictos entre el Estado y los sindicatos. Los gremios ya han acercado sus proyectos, que contemplan diversas variantes entre sí. Pero, además, incluyen posiciones encontradas con la iniciativa del Ejecutivo.

Tanto UPCN, los gremios nucleados en la CTA (ATE, Judiciales y SUTEBA, entre otros), los adheridos a Fegepba, el sindicato que agrupa a los trabajadores del ministerio de Infraestructura y la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), tienen sus propios propuestas. Y el Estado también enarbola el suyo, que viene de los últimos meses de la gestión Solá.

Para el subsecretario de Negociación Colectiva del Sector Público del ministerio de Trabajo, Carlos Molina, el debate demandará algún tiempo. "Lo importante es que el Estado decidió encarar el tema después de 14 años", dijo, pero advirtió que la definición de un proyecto que tendrá capital importancia para la relación laboral entre la Provincia y sus empleados se estirará "por varios meses".

LOS PUNTOS CALIENTES

Uno de los temas centrales de la discusión está planteado acerca de qué sector podrá convocar al organismo imparcial. La mayoría de los gremios dice que cualquiera de las partes podría apelar al mecanismo de arbitraje, pero la CTA pretende que, como la Constitución habla de los derechos de los trabajadores, su convocatoria sea voluntaria para los empleados y obligatoria para el Estado.

"Esto es inaceptable", enfatizó Molina. "Significaría una desigualdad para el Estado y los gremios podrían especular con que si pueden ganar irían a al arbitraje y de lo contrario se negarían. Y esa no es la idea del proyecto", indicó en diálogo con este diario.

La otra cuestión de fondo se relaciona con las resoluciones que adopte el organismo imparcial y su posible apelación ante la Justicia. En este caso, el Estado pretende acotar la instancia apelatoria "para darle más jerarquía al organismo", indicó el funcionario.

De esta forma, el gobierno busca que "sólo en casos excepcionales" se puedan presentar apelaciones en los tribunales, como podrían ser planteos de nulidades o violaciones de procedimientos.

La discusión recién despunta y promete abarcar varias aristas. Ocurre que este mecanismo de arbitraje involucra además a los trabajadores legislativos y a los judiciales. Y también a los casos que, por ejemplo el despido de un delegado gremial, se sustancian en la subsecretaría de Trabajo. Y con varios actores en juego, la discusión promete ser larga.