"Carpocracia", sin consensos

Buena parte de la sociedad argentina recibió de buen grado que la Presidenta enviara las retenciones para su discusión en el Congreso, incluso los ruralistas más rebeldes, pero esta nueva etapa del conflicto agrario parece haber sido ganada por una suerte de "carpocracia" que poco contribuye con el debate parlamentario y la construcción de consensos.

Basta ver las condiciones de improvisación en las que sesiona el plenario de las comisiones de Agricultura y Presupuesto de la Cámara de Diputados para notar que, en verdad, los legisladores no se diferencian mucho de lo que sucede puertas afuera del Congreso, a pocos metros de allí, donde militantes kirchneristas y ruralistas montaron un moderno tolderío propagandista.

Entonces comienza a percibirse que lo que en un principio pareció ser una gran oportunidad para el Parlamento, por el desafío que significa para una institución clave de la democracia volver a ser protagonista del debate nacional, lentamente va tomando la forma de un calvario político.

"Si votan el mismo proyecto que envió el Ejecutivo el campo se va a poner furioso. Y yo no quiero estar del lado de los que van a recibir la furia", comentó preocupado el gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, al vicepresidente Julio Cobos, quien lo escuchaba sentado a la misma mesa que los mandatarios Juan Schiaretti (Córdoba) y Alberto Rodríguez Saá (San Luis).

Se suceden las advertencias: en Río Cuarto, la segunda ciudad en importancia de Córdoba, ningún candidato a intendente jugó abiertamente con el kirchnerismo. Fue una derrota desde el punto de partida para la administración nacional, que supo tener en el radical K Benigno Rins a un aliado de los que se acercaron al poder en los tiempos en que la curva política era ascendente.

El primer oficialista en reconocer públicamente esta situación fue el vicepresidente Cobos, a quien en Mendoza siempre se lo consideró un político capaz de interpretar el sentimiento promedio de la sociedad para volcarlo luego a su discurso y práctica de gobierno.

Pero lo cierto es que el vicepresidente comenzó a hacer su juego, sobre la base de que las relaciones políticas empiezan a tomar nuevas formas: por eso convocó a los gobernadores al Senado y afrontó el vacío oficialista. Y por eso se rumorea que tiene en puerta un encuentro con el arzobispo de Buenos Aires y cardenal primado de la Argentina, Jorge Bergoglio.

NUMEROS BENDITOS

"Como cayó, quedó". Esta frase salió de boca de uno de los más importantes diputados oficialistas que, por estos días, sienten que buena parte del país le está poniendo la lupa para fiscalizar sus movimientos. Se refería al proyecto enviado por Cristina Kirchner y a las más que escasas posibilidades de que se le introduzca algún cambio a la redacción original.

Por lo menos en su núcleo fundamental, porque la propia mandataria se encargó de aclarar a los dirigentes de las entidades agropecuarias que en la historia parlamentaria sólo un proyecto fue aprobado a libro cerrado: el del Código Civil de Vélez Sarfield. La gran pregunta ahora es si lo agregados a la iniciativa oficial alcanzarán para aplacar los ánimos encrespados del campo.

Alfredo De Angeli, que pasó del piquete en la ruta 14 de Gualeguaychú a la "carpa verde" en la Plaza de los Dos Congresos, ya adelantó que los ruralistas volverán a los caminos en caso de que el resultado del debate en el Congreso no los favorezca. Su razonamiento responde a la lógica de los números, es decir de la rentabilidad empresaria del sector.

Ese mismo razonamiento numérico aplican los diputados oficialistas, pero para conseguir el quórum necesario para comenzar la sesión la semana que viene en la que esperan ratificar las retenciones.

"Nosotros tenemos una docena de muchachos díscolos, todos ellos provenientes de la cuenca sojera, pero realmente no ponen en juego la mayoría", aseguró un diputado oficialista que suele compartir mesas de café con Néstor Kirchner. Y agregó con malicia: "estos plantean la desobediencia en el bloque, pero al 'presi' le dicen todo que sí".

INTERESES CRUZADOS

Como sea, no sólo los diputados sienten la presión social, de los ruralistas y del Gobierno. También los senadores palpitan una tensa discusión en la Cámara alta y muchos de ellos no son simples legisladores.

Ahí está el cordobés Roberto Urquía, que acaba de renunciar a la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, ante la inminencia de un debate que lo pone incómodo, porque es el dueño de empresa General Deheza, una de las principales productoras y exportadoras de aceite de soja.

Urquía fue en algún tiempo un dirigente mimado por el matrimonio presidencial, que lo ungió como la referencia kirchnerista en una provincia que, como Córdoba, viene dominada hace varios años por el esquema de poder que tejió José Manuel de la Sota, lugar de origen del actual mandatario Schiaretti.

Pero los caminos de los Kirchner y Urquía comenzaron a cruzarse cuando estalló la "guerra gaucha" y la soja pasó para el Gobierno de ser una bendición para las arcas fiscales a una escoria agropecuaria que debía ser combatida. El problema, claro está, fue que al calor de ese grano se gestó un movimiento social en el interior del país que ahora se puso de manifiesto.

TODOS PIDEN

En este escenario, el Gobierno parece haber perdido su rol de componedor de conflictos, porque aparece directamente involucrado con la gestación de la más grande de las controversias argentinas de los últimos años. Y comienza a ser víctima de una espiral en la que muchos sectores hacen demandas que difícilmente puedan ser atendidas todas a la vez.

Pero hay dos reclamos de estas horas que hacen a la base del modelo kirchnerista: el de los industriales que están molestos con la caída del dólar y la consecuente pérdida de competitividad; y la de los gremios que observan cómo la inflación lima paulatinamente el poder adquisitivo de los trabajadores.

Por eso al Gobierno se le encendieron luces de alarma. "Es que si no estás con el campo, entonces tenés que tener garantizada una alianza con la industria y los sindicatos", se sinceró un funcionario con despacho en la Casa Rosada.

El jefe de la CGT, Hugo Moyano, ya le puso precio a su alineamiento incondicional: habló con el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, sobre la necesidad de convocar al Consejo del Salario para mejorar el sueldo mínimo. Y se animó a plantearle a Kirchner que los efectos de la inflación no traen cosas buenas para los trabajadores.

"Pero el INDEC no dice eso", cortó irónico Kirchner al camionero, a quien de todos modos ya le aseguraron que el Consejo del Salario Mínimo sesionará en julio próximo. También comenzó a circular una versión sobre la posibilidad de que en la segunda mitad de 2008 el Ejecutivo otorgue aumentos salariales por decreto.

Todos piden, pocos ponen. Un síntoma más.