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miércoles | 06.08.2008 Actualizado: 04:53
"Hay 22 liberados con pulseras cometieron hechos gravísimos"
Lo denunció el gobierno bonaerense. Pedirán revisiones a los jueces
En medio de la polémica por el pedido de jury contra el magistrado que otorgó el régimen de prisión domiciliaria al presunto asesino de un matrimonio y sus dos hijos, el gobierno bonaerense puso la lupa sobre los detenidos con ese beneficio. Y reveló que hay 22 que están cumpliendo la condena en sus casas con pulseras magnéticas que cometieron delitos "muy graves", por lo que pedirá a los jueces que otorgaron ese beneficio que vuelvan a estudiar los casos y revoquen la medida.
El ministro de Justicia, Ricardo Casal, dijo que hará una "sugerencia" a los magistrados para que vuelvan a analizar estos causas y eventualmente dispongan la revocatoria de esta medida. Al fundamentar el reclamo, el ministro dijo que entre los 22 casos existen 14 imputados por violación, 4 por homicidio, 1 por tormento seguido de muerte y 3 por promoción a la prostitución de menores.
Para Casal, el reclamo de la Provincia a los jueces se basa en que con estas decisiones que involucran a acusados por delitos graves, "se está desnaturalizando el sentido de la morigeración de detención para los casos que prevé el Código Procesal Penal". De ahí que promoverá una reforma para tipificar en qué casos se puede otorgar el beneficio de la prisión domiciliaria.
El titular de la cartera de Justicia, en sintonía con el pedido de juicio político contra el juez Nicolás Chiavo, calificó por otra parte de "errónea" la decisión del magistrado de disponer la colocación de la pulsera al ex convicto Angel Fernández, imputado en el homicidio.
"Vemos con asombro que al momento de dictar la medida el juez, Fernández estaba en plena etapa de libertad condicional y que hubieron dos hechos importantes que violaron esas libertad: un procesamiento en 2005 por tentativa de robo donde era compañera de causa la víctima del homicidio, y el segundo, el de tenencia de arma civil, que fue considerado por el juez al momento de tomar su decisión", indicó Casal.
"Esto significa que el juez debió comunicar el tribunal oral que condenó a Fernández el violentamiento de esa libertad condicional. Es un aspecto muy importante que hizo notar el diputado denunciante y que surge claramente de los hechos que están en el expediente", consignó.
Durante una conferencia de prensa que brindó en Casa de Gobierno, el ministro de Justicia sostuvo que las condiciones en las que se otorgaron el arresto domiciliario a Fernández fueron "por demás asombrosas".
RECLAMO A LOS JUECES
Casal dijo que, una vez conocido el asesinato, se realizó un monitoreo sobre la totalidad de los detenidos beneficiados con el arresto domiciliario. "Estaba cada uno en su casa", indicó. Y en ese marco, adelantó que "vamos a mandar oficios por estos 22 casos a cada uno de los jueces, para sugerirles -porque no podemos interferir en la Justicia-, que se revoquen esas medidas, porque dada la condición, la calificación y el delito que se le investiga o por el cual se dictó condena, no existen garantías para la seguridad pública en los casos de estos arrestos domiciliarios".
"Dadas las condiciones y las calificaciones y el delito por el cual se les está investigando, en estos 22 casos de arresto domiciliario, no existen garantías para la seguridad pública", subrayó.
Reiteró que si bien el gobierno "no tiene competencia para pedir la revocación de estas medidas", aclaró que "como auxiliares de la justicia" tienen "el derecho de sugerirle a los jueces que revisen estas detenciones domiciliarias o que dispongan otras alternativas de prisión que garanticen fundamentalmente la seguridad pública".
Por otra parte, Casal no descartó la posibilidad de cambiar el sistema de libertad vigilada en lo que hace al uso de las tobilleras. "Vamos a hablar con los jueces para ver si existe un modo sustituto de reemplazar el monitoreo electrónico por otro sistema de control", adelantó.
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