Impulsan ley que derogue "superpoderes" de Montoya

El diputado radical Gustavo Zuccari presentó un proyecto de ley para derogar los "superpoderes" que le permiten al titular de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (Arba) embargar sueldos, cuentas y activos bancarios y bienes muebles sin orden judicial previa.

Zuccari sostuvo que el artículo 13 bis del Código Fiscal -que propone derogar-, al autorizar al director del organismo recaudador a trabar medidas cautelares contra la propiedad privada de los ciudadanos, en forma directa y sin intervención judicial, "le está confiriendo funciones que son exclusivas y excluyentes de la Justicia". El legislador afirmó que "si (Santiago) Montoya quiere tener esas atribuciones, que vaya a trabajar al Poder Judicial".

Sostuvo que la ley es "arbitraria e ilegítima" porque "las medidas cautelares deben ser decretadas por los jueces, siendo ajenas a los otros Poderes". Agregó que "por aplicación del cuestionado artículo, se superponen en el proceso de apremio, el Poder Ejecutivo y el Judicial".

El legislador consideró que las facultades "abusivas" que la norma le atribuye al titular de Arba "resultan inconstitucionales de acuerdo al tenor intrínseco que presenta, además de afectar en grave modo el correcto desenvolvimiento de la administración de Justicia".

Explicó en ese sentido que "se está facultando al Poder Ejecutivo a realizar actos que afectan derechos constitucionales de propiedad, que sólo puede realizar el Poder Judicial; y segundo, se está violentando la garantía constitucional de la inviolabilidad de la propiedad sin orden judicial, contemplada en el artículo 17 de la Constitución nacional, y el 31 de la Constitución provincial".

"La lucha contra la evasión tributaria no autoriza al Estado provincial a otorgar por ley al Poder Ejecutivo facultades propias de los jueces que violen principios constitucionales y vulneren garantías constitucionales de los ciudadanos".

Zuccari afirmó, por último, que "la Constitución nacional y las provinciales aseguran dentro de sus respectivas jurisdicciones, como resguardo del sistema democrático, la 'tutela judicial amplia y efectiva', sometiendo a la competencia de los jueces todas las causas que versan sobre derechos reconocidos constitucionalmente".