La Región sigue acosada por ataques vandálicos a los teléfonos públicos

La destrucción sistemática de teléfonos públicos constituye en nuestra región un verdadero flagelo, además de presentarse como un fenómeno que, en muchas oportunidades, termina por poner en jaque la eficiencia de un servicio del que no puede prescindirse, aún cuando haya perdido terreno frente a otras formas de comunicación telefónica. Parece, pues, llegada la hora de que se procure ponerle freno a una modalidad delictiva que tantos perjuicios causa.

Un reciente artículo publicado en este diario ofreció referencias sobre los ataques vandálicos que sufren los teléfonos públicos, especialmente los que se encuentran en sectores como la avenida 7 de 43 a 49 y diagonal 80 de 44 a 50.

Si bien representantes de la empresa Telefónica Argentina aseguraron que, con respecto al año pasado, estos ataques disminuyeron a la mitad, el índice sigue siendo elevado y es durante los fines de semana que se incrementan. Según pudo saberse, en los últimos meses se registran unos cien ataques cada treinta días sobre los teléfonos de La Plata, Berisso y Ensenada, una cantidad que resulta elocuente de por sí.

Tras detallarse que los ataques suelen afectar, asimismo, a las cabinas, vidrios laterales, tubos fluorescentes, placas de policarbonato y carteles publicitarios, se recordó que, además de ser un servicio más económico para el usuario, el teléfono público es fundamental como medio de comunicación en zonas periféricas, donde el tendido de líneas domiciliarias tiene una densidad menor a la de las zonas céntricas o semicéntricas.

Cabría señalar que en todas las ciudades del mundo existe una eficiente estructura de telefonía en la vía pública. Y que nuestra región no puede convertirse en una excepción, resignándose ante el vandalismo.

Hay que reiterar, además, que la disminución que pueda registrarse en la utilización de este servicio tiene que ver, en buena medida, con el círculo vicioso que se crea a partir de su acentuado deterioro: la idea generalizada de que no funcionan hace que mucha gente ya ni siguiera intente encontrar un teléfono público en la calle.

En este marco, tanto la empresa que presta el servicio, como las patrullas municipales y la Policía deberían acordar una estrategia conjunta para proteger los teléfonos públicos. En realidad, también se trata de la necesidad de frenar el crecimiento del vandalismo en la vía pública, que afecta a los teléfonos como también a otros bienes del patrimonio común.

Al mismo tiempo, debería incrementarse la cantidad de cabinas telefónicas instaladas en espacios públicos, especialmente en los barrios más alejados del Centro. En La Plata -según el último registro oficial- hay menos de mil teléfonos públicos instalados, un número muy inferior al que haría falta para cubrir razonablemente todas las zonas de la Ciudad. Además, están muy concentrados en el área céntrica.

Cabe esperar que se le preste a este tema la atención que merece. Se trata de un servicio de utilidad pública pero también de la protección de las cosas que integran el patrimonio de todos los vecinos.