Hay más denuncias de pedofilia

En los últimos años se registró en la Argentina un aumento sostenido en las denuncias por pedofilia y en el secuestro de material pornográfico infantil, según los datos de suministrados por la Policía Federal durante una jornada sobre delitos informáticos realizada en el Congreso.

El motivo de la conferencia fue la reciente promulgación de la ley 26.388, que actualiza el vacío legal generado por las nuevas tecnologías y típica delitos contra la integridad sexual y privacidad de las personas. Y en especial se transforma en una herramienta eficaz para luchar contra los pedófilos que utilizan internet.

Pornografía virtual

Respecto a la penalización de la pornografía virtual, la ley reprime de 6 meses a 4 años de prisión a quien publique imágenes pornográficas de menores de 18 años y de un mes a 3 años de cárcel a quien suministre esos materiales a menores de 14 años.

Las redes de pedofilia tienen una gran presencia en la web donde muchas veces se esconden en sitios enmascarados con logos aparentemente inocentes -con flores o corazones- y en donde actúan los abusadores de menores. Otras páginas web, en cambio, directamente promueven la pedofilia como una “preferencia sexual”.

Los estudios

Por su parte, el comisario (R) de la Policía Federal Rubén Bareiro -moderador del panel sobre la temática- sostuvo que “aquí se produce cada vez más pornografía en forma casera para el intercambio pero también se ve ahora una incipiente producción por dinero. La pedofilia, atracción sexual por los niños, existió siempre pero internet la potenció. Las cámaras de fotos digitales hicieron que cualquiera pueda producir pornografía”.

La mayoría de los estudios coincide al momento de trazar el perfil de quienes fueron detenidos por este delito: en el 90% de los casos son hombres y en un 70% son mayores de 35 años, y casi todos son profesionales de nivel socioeconómico medio o alto y no cuentan con antecedentes penales.

En junio pasado fue sancionada la ley 26.338 que estableció una nueva tipicación de los delitos informáticos. No sólo persigue el accionar de los denominados “hackers” sino que también penaliza a los estafadores digitales y a los pedófilos que utilizan internet.