Intervienen el Almafuerte por denuncias de maltrato

La subsecretaría de Minoridad bonaerense dispuso la intervención del Almafuerte, un instituto de máxima seguridad platense que alberga, entre otros, a dos menores acusados de participar del asesinato del ingeniero Ricardo Barrenechea. La decisión oficial se fundamenta en una serie de denuncias formuladas por los propios detenidos, que afirmaron que sufrían maltratos.

Voceros del área de Minoridad informaron ayer a este diario que la intervención fue dispuesta en las últimas horas y que comenzará a hacerse efectiva hoy, medida que se adoptó luego de que el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria realizara una inspección en el lugar y constatará diversas "irregularidades".

Según trascendió, el organismo de Derechos Humanos recolectó "graves denuncias" sobre maltrato a los menores detenidos de parte de empleados y funcionarios del Almafuerte, por lo que se dispuso además separar del cargo a los directivos.

La decisión oficial se cruza con la renuncia presentada por los propios directivos del Almafuerte, en medio de una serie de reclamos sobre la atención de los menores y la supuesta falta de atención de parte de las autoridades bonaerenses a la problemática de la minoridad, según trascendió ayer.

De todas formas, voceros de Minoridad afirmaron que la intervención se produjo "antes de que se presentaran las renuncias" por lo que esas dimisiones "ni siquiera se van a considerar".

En el Almafuerte, además de otros 40 jóvenes de entre 16 y 18 años, están alojados dos de los principales acusados por el asesinato del ingeniero Barrenechea.

De acuerdo a lo que trascendió ayer, los directores del Almafuerte presentaron su renuncia por la supuesta falta de cumplimiento del ministerio de Desarrollo Social a una serie de promesas vinculadas a mejorar la atención de los menores alojados en el establecimiento.

NOTA Y RECLAMOS

Los directores del instituto, al presentar la renuncia, enumeraron una serie de fallas en el sistema de contención de los menores. Y en ese marco, mencionan la "imposibilidad" de contar con personal suficiente para atender a los jóvenes detenidos.

También cuestionan la falta de presupuesto para afrontar gastos cotidianos, como, por ejemplo, arreglar un equipo de música. Además, se quejaron de una supuesta falta de apoyo institucional en la toma de decisiones.

Los funcionarios renunciantes se quejaron también por la carencia de abordajes específicos a determinadas problemáticas, en particular el abuso de drogas.

Por otra parte, mencionaron carencias de análisis y abordajes de los contextos sociales de los jóvenes, que en su mayoría provienen de ámbitos de alta conflictividad social.

Finalmente cuestionaron la situación en forma global. "Es desmoralizante que una de las principales actividades de la dirección de una institución de privación de libertad, sea lidiar con la falta de recursos humanos y económicos, y tratar de paliarla", concluyeron.