Un barrio movilizado por temor a una antena

La probable instalación de una antena de telefonía celular en la calle 403 y Belgrano, frente a las tierras del parque Pereyra Iraola, movilizó en Navidad a unos 20 vecinos del barrio Santa Rosa, quienes pidieron la intervención de la Justicia para frenar la obra ante el temor de que las radiaciones les traigan problemas de salud y alteren la calidad de la producción.

Los habitantes de esa zona de Villa Elisa señalaron que hace una semana comenzó a realizarse la base sobre la que se montará la antena: "de la noche al día limpiaron el terreno y empezaron a trabajar, cuando nos enteramos de cuál era el proyecto, nos pusimos en contacto con las autoridades, pero pese a que la obra fue clausurada por los inspectores de Control Urbano, el 23 volvieron a trabajar en el lugar", sostuvo Miguel Riale.

Según indicaron, hace tres años ocurrió lo mismo, pero se pudo evitar la instalación. "No sabemos qué empresa de telefonía es, pero el dueño del terreno comentó que le dieron una importante suma de dinero y le aseguraron una cifra mensual", dijo Herminia Sánchez.

Si bien el 24 y ayer no se observaba gente trabajando en la zona, los vecinos aseguraron que es porque la base para instalar la estructura de la antena aún no fraguó. "Acá la mayoría vivimos en forma estable y tenemos miedo de las consecuencias que esa antena pueda traernos para la salud y para el medio ambiente, porque muchos son productores", afirmó Miguel Montis.

Los vecinos aseguraron que como la obra no contaba con ninguna habilitación, los inspectores comunales labraron un acta y clausuraron el lugar. "Las ondas electromagnéticas son muy fuertes, hay países como Chile o España en los que ya hay legislación que impide instalarlas en lugares como éste. Nosotros tenemos que conseguir lo mismo", expresó Carolina Muzi.

En la reunión también se destacó que el Parque Pereyra está protegido por ley por constituir uno de los pulmones verdes más importantes de la Región y la instalación de la antena podría producir un desequilibrio en el medio ambiente. "En el verano ya sufrimos la inundación y los destrozos que provocó en el predio, ahora no queremos soportar otra agresión más. Si es necesario queremos que intervenga el organismo de Política Ambiental", dijo Muzi.

Guillermo Chaves, secretario de Justicia de Faltas y Control Urbano, dijo que la derogación de los artículos 38 y 39 del Código Contravencional permite que si se viola una clausura, en lugar de labrar una nueva acta y cobrar otra multa, se efectúe una denuncia penal. "A esas personas se les imputa delito y eso tiene de 15 días a 1 año de prisión por desobediencia. No nos interesa recaudar, sino que se respeten nuestras decisiones y el bienestar de los vecinos", afirmó el funcionario.

Además, indicó que si bien no se puede impedir que se comiencen las construcciones, sí se puede evitar que funcionen.