Reproches que se le hacen a la Justicia

En mayo de 2002 Kevin Sedano fue atropellado por un conductor que le causó la muerte y se dio a la fuga. El responsable fue condenado a tres años de prisión pero salió en libertad a los dos meses. A mediados de 2008 una familia fue asesinada en Campana y el principal imputado por el crimen gozaba al momento del hecho del beneficio de prisión domiciliaria tras graves antecedentes penales. En tanto, la causa caratulada como "homicidio culposo" de la pequeña Marcela Iglesias, que en 1996 murió cuando una escultura se le cayó encima en Buenos Aires, prescribió en 2004 en la Nación, luego de unas cuantas idas y vueltas por los juzgados. En las tres ocasiones los familiares de las víctimas sienten que hubo injusticia.

Estos casos son tan sólo tres ejemplos de tantos otros por los que la opinión pública reclama al Poder Judicial sobre las condiciones de los beneficios a los imputados y condenados; y por la lentitud del sistema hasta obtener un fallo, provocando muchas veces que las causas lleguen a la prescripción. "Nosotros no estamos en contra del sistema ni de su funcionamiento, sino del accionar de algunos jueces cuando dejan a un asesino en libertad o tardan tanto en pronunciar una sentencia", dice Viviam Perrone, la madre de Kevin Sedano, quien luego de la tragedia de su hijo enarboló la bandera de las Madres del Dolor y se convirtió en la presidenta de la asociación.

El presidente del Colegio de Magistrados Carlos Lami comparte la sensación de desmoralización de la población y asegura: "no es sólo la Justicia sino que también la gente descree del Ejecutivo, de la Legislatura, de la Economía". Pero a su vez se expresa sobre las moras del sistema: "La gente no comprende que en un juzgado civil de la Provincia entran alrededor de 1.500 expedientes por año, mientras se tienen otros 10 mil que quedan de colchón y esto hace que las cuestiones se enlenticen. No es sencillo".

Aunque en la Nación, la situación narrada por Lami fue la que sufrieron los padres de Marcela Iglesias, al prescribir su causa en 2004, por lo que se encuentran haciendo los trámites frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). "Vamos a pedir Justicia a los organismos internacionales, ya que en el país no la hay", dijo el padre de la pequeña, Eduardo Iglesias, quien además explicó que "el expediente paseó de un lugar a otro y, luego de 8 años, la cerraron sin poder llegar nunca a una verdad, como si mi hija no fuera una persona". Su madre, Nora, también lucha ante el tema: "los padres necesitamos saber qué pasó con nuestros hijos", dice.

"RIESGO DE INJUSTICIA"

Hasta diciembre último la Cámara de Casación provincial tenía 7 mil causas pendientes, generando una gran dilación en la resolución de los casos, por lo que el Código Procesal fue modificado para que salas que no eran específicas en esa materia se encarguen de una parte de esas causas. "Faltan recursos", es la expresión en la que coinciden jueces, fiscales y el mismo Gobierno provincial, que envió recientemente un proyecto a la Legislatura para aumentar el número de jueces y fiscales en el Fuero Penal Juvenil.

El ministro de Justicia Ricardo Casal advierte sobre la acumulación de causas, que genera que se prioricen los casos que tienen detenidos: "Si hay priorización, hay riesgo de injusticia, ya que primero se atienden las causas que tengan detenidos y las otras se dejan para después porque a los funcionarios no les dan los tiempos", explica y agrega: "Si el ciudadano se acostumbra a que se imparta Justicia por prescripción, el Poder Judicial no tiene razón de ser".

El senador provincial Roberto Ravale reconoce que "hay puerta giratoria porque la Justicia es lenta, y eso sucede porque no tiene las herramientas para hacer más ágil el trámite. Si una persona está robando una radio dentro de un auto y es detenida y el juez le dice 'váyase' mientras sigue el proceso y al otro día cae de vuelta porque no tiene sentencia, entonces sigue siendo inocente y tiene que seguir estando en libertad, y no es culpa del juez, así es la ley y así debe ser. Aquel que no tiene sentencia es inocente. Pero aplicando el nuevo sistema de la flagrancia, en 45 días se obtiene una sentencia, y ese delincuente, a la próxima vez que cae por el mismo delito va a tener reincidencia.

La reforma del Código Procesal Penal, realizada en diciembre pasado, buscó, según el Gobierno, otorgar agilidad y eficiencia a través de, por ejemplo, la notificación por Internet y el reparto de causas en varias cámaras. "También apuntamos a que haya una causa por juez, en vez de tres jueces para cada expediente, y hemos aumentado la participación de la víctima durante el proceso, porque sino piensan que todo se cocina dentro de un juzgado y ellas no lo saben", dice Casal.

Sin embargo, la asociación Madres del Dolor piden ahora que las muertes en accidentes de tránsito cuyo conductor tenga antecedentes, sean susceptibles de prisión tipificándolas como "homicidio simple con dolo eventual". "Quienes corren picadas saben que existe la posibilidad de matar a alguien", explica Perrone y agrega: "la mayoría de las veces se las considera homicidio culposo, lo que con las morigeraciones se transforma en sólo ocho meses. Así el asesino termina saliendo de la cárcel enseguida. Cambiar la tipificación no nos va a devolver a la persona perdida, pero va a aliviar el dolor que sentimos".

LAS MORIGERACIONES

Uno de los reproches más recurrentes de la comunidad hacia el Poder Judicial es el de las libertades durante un proceso penal. La persona aprehendida suele esperar el juicio y la condena del juez en libertad, debido a que antes de la sentencia es considerada técnicamente inocente. "Eso se debe a que en la provincia de Buenos Aires rige el principio de que el imputado estará con prisión preventiva sólo cuando existan elementos de convicción que permitan sospechas de que podría evadirse o entorpecer la investigación", dice el fiscal de Instrucción platense Marcelo Romero.

Sin embargo, para la víctima y la sociedad ese tipo de morigeraciones no es del todo bien vista. "Creo que los beneficios a imputados y condenados deben ser mínimos, porque cuando el asesino de Kevin salió a matar no pensó en darle a su víctima ningún beneficio y sí en que total en 7 u 8 meses estaría afuera. La falta de credibilidad en la Justicia hace que se tenga muy presente el 'si total no pasa nada' y salen alcoholizados y a veces sólo pagan una multa o a los dos meses ya están otra vez en la calle. ¿Qué tienen que hacer para que alguien les diga basta?", opina Perrone.

El principal imputado por la masacre de Campana había sido condenado a 25 años de prisión por violación seguida de muerte. Pudo salir en libertad 15 años después por la ley del dos por uno. Lo volvieron a detener por tenencia de arma de guerra y le otorgaron arresto domiciliario con tobillera electrónica. Más allá de que el juez que otorgó ese beneficio, Nicolás Schiavo, tenga ahora un juicio político que afrontar, la sociedad entera rechazó la morigeración para esos casos, y el sistema fue modificado en diciembre último. Ahora, según las autoridades, esa morigeración debe ser consentida por el fiscal, y la Cámara, cuando antes la dictaban directamente los jueces, estando la decisión en manos de cinco personas.

Según Casal, la alternativa de prisión y la morigeración "están bien concebidas, en tanto y en cuanto esté dirigida a aquellas personas para las que el delito haya sido un error en su vida, lo que indica que no va a volver a cometerlo, sobretodo teniendo en cuenta la lentitud de los procesos".
El juez de Garantías platense César Melazo también defiende el beneficio y señala que "dictar prisión domiciliaria no significa otorgar la libertad. La persona sigue detenida y nosotros le estamos dando una alternativa para que no quede directamente en la prisión, lo que no quiere decir que pueda hacer lo que quiera. Es cierto que en muchos casos el arresto no se cumple, pero es porque no hay un control debido por parte de otro poder del Estado".

Más allá de todas críticas, y reconociendo la mora de la Justicia, los funcionarios judiciales se muestran de acuerdo con el sistema actual, que ofrece amplias garantías, frente a otros como el anglosajón, al que califican de "eliminativo". Romero opina al respecto que "el sistema penal argentino da permanentemente oportunidades. Muy pocas personas no tienen la posibilidad de salir de prisión y mucha gente quiere mandar a los presos a Ushuaia. Si eso es lo que queremos habrá que discutirlo, pero no es lo que plantea nuestro sistema, el que busca la resocialización a pesar de que no se cumpla y que las cárceles en la práctica sean una escuela del delito".

"Lo difícil es conseguir el equilibrio: mantener un régimen legal lo suficientemente idóneo para poder tener una justicia ágil y eficiente, que no haya un 70% de las personas esperando una sentencia definitiva en condiciones de detención, que tengan una contención para que salgan mejor de lo que entraron y que el que salga no vuelva. Hay que trabajar", concluyen desde el Gobierno, mientras que quienes recriminan mayores cambios agregan: "nosotros hacemos esto porque queremos que los jóvenes entiendan cuál es el límite, y les queremos enseñar a vivir en paz, porque no sólo pueden matar sino que pueden terminar muertos ellos", dice Perrone.