La tercera parte de la población carcelaria es analfabeta

El 30% de los 14.200 presos alojados en cárceles argentinas es analfabeto, informó una especialista del ministerio de Educación.

María Isabel Ribet, titular de la Modalidad de Educación en Contextos de Encierro del ministerio de Educación, informó a que "el 30% de los 14.203 presos que están en 200 cárceles argentinas son analfabetos, cifra que trepa al 70% en las regiones del NOA y NEA".

Ribet aclaró que en el 2005 el porcentaje de analfabetos llegaba al 32% y que gracias a las políticas del Estado, esa cifra descendió al 30%, aunque sostuvo que garantizar a todos la educación "demanda un mayor esfuerzo de articulación entre distintas áreas del estado".

Las estadísticas muestran que entre 2001 y 2005 en las cárceles aumentaron los inscriptos en un 23% en el nivel primario, un 29%, en el nivel medio y el 57%, en la formación para el trabajo.

Ribet precisó, además, que más de la mitad de las 80.000 personas alojadas en cárceles, institutos de menores y centros de atención de adictos -el 70% de las cuales tiene entre 18 y 35 años- llegó a la situación de encierro sin haber desarrollado un oficio o profesión.

La funcionaria señaló que el analfabetismo "en los institutos de menores llega a casi el 70%", según datos del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Penal SNEEP-Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.

Ribet señaló que en cárceles, institutos de menores y centros de atención de las adicciones, a pesar de los esfuerzos, subsisten dificultades para que la persona en contextos de encierro acceda a la alfabetización o a la escuela, sostuvo la funcionaria.

La oferta educativa en esos contextos de encierro depende, muchas veces, de las condiciones que ponen los mismos servicios penitenciarios, dijo Ribet, quien participó esta semana del II Seminario de Alfabetización realizado ayer entre especialistas de Iberoamérica.

"Es común que en algunas cárceles permitan a los condenados y no a los procesados concurrir a clase, y que limiten el beneficio a los que tienen buen comportamiento", señaló Ribet, quien consideró que "esa decisión es tremenda".

"La educación es un derecho universal contemplado por ley, más allá de las trasgresiones o la condición procesal de las personas", sostuvo.

La funcionaria también consideró que "faltan lugares de encuentro para los presos que asisten a la alfabetización; no están debidamente coordinados los horarios de traslado, lo que provoca demoras o no asistencia por causas ajenas a la voluntad de ellos".

También dijo que las requisas en los pabellones son causa asidua de la pérdida de materiales didácticos necesarios para el preso que concurre a los centros de alfabetización.

Ribet indicó que "la continuidad de los estudios no siempre está contemplada cuando se traslada a un preso de un penal a otro, y que muy frecuentemente cuando un preso quiere dirigirse a clase no hay personal de seguridad para acompañarlo".

"La pobreza también es localizable geográficamente en Argentina y aunque la población más vulnerable se inscriba y acceda a la oferta educativa en cárceles, es probable que registre un elevado fracaso escolar o deserte", sostuvo Ribet.