Coparticipar retenciones, un gravísimo error

La teoría económica indica que no es conveniente para un país establecer gravámenes que graven sus exportaciones. En esto hay gran coincidencia: Estados Unidos, Canadá, Australia (países desarrollados); Brasil, Rusia, Uruguay (países emergentes) que producen y exportan bienes primarios no aplican retenciones a sus ventas al exterior.

Hacerlo implica un freno al desarrollo de la capacidad productiva, al incremento del empleo y al potencial exportador en un sector en el que Argentina posee claras ventajas competitivas; máxime cuando el país históricamente ha encontrado una fuerte restricción a su crecimiento producto de desequilibrios en su balance externo (insuficiencia de divisas).

Las retenciones son injustas e ineficientes ya que gravan por igual al productor de tierras de menor productividad y menor o nula rentabilidad, que aquel que obtiene mejores rendimientos por trabajar tierras más fértiles, tener mayor acceso a tecnología y al financiamiento.

Las retenciones se justifican en determinado contexto histórico, económico y social, como lo fue el 2002, producto de la abrupta devaluación. El Estado nacional debía normalizar su situación fiscal y financiar rápidamente planes de asistencia social que mitigaran la exclusión y ayudaran a restablecer las condiciones de gobernabilidad.

Pero constituyen un instrumento de la política económica que debe ser limitado en su cuantía, transitorio y del cual hay que salir gradualmente para no desincentivar la inversión y la ampliación de la producción agropecuaria y su cadena de valor.

BURBUJA Y PRETEXTO

El gobierno nacional, por el contrario, ha "corrido" detrás de la burbuja de crecimiento de los precios internacionales de los granos, incrementando progresivamente las retenciones y profundizando la dependencia fiscal de este recurso.

Lo ha hecho so pretexto de desacoplar los precios internos de los externos y para "proteger el bolsillo de los argentinos". No lo ha logrado y, además, ha producido, con otras interferencias en los mercados, profundas distorsiones que provocaron caídas en la producción de muchos productos (carne, leche, trigo).

Los impuestos a las Ganancias y el Inmobiliario Rural son tributos más adecuados, desde la equidad tributaria y la asignación de los recursos económicos, para gravar al sector agropecuario. Además son más justos desde el punto de vista del federalismo político y fiscal.

La cuestión del efecto sobre los precios internos se debe resolver con un esquema de subsidios a la demanda focalizado en los sectores más pobres.

El Poder Ejecutivo nacional (PEN) ha resuelto coparticipar las retenciones a la soja. Ello, además de una provocación política, constituye una pésima decisión de política económica.

La coparticipación de las retenciones, al aumentar el número de "socios fiscales", reduce la necesaria flexibilidad que las mismas, en tanto existan, deben tener. Es una pésima noticia para el supuesto modelo productivo que el gobierno dice sostener.

Tampoco constituye un avance en términos del golpeado federalismo fiscal. Si el PEN quisiera realmente redistribuir recursos hacia las provincias y municipios, ¿por qué no retrotraer parcialmente la afectación para el Anses del 15% de los recursos coparticipables? El 5% sería suficiente para alcanzar la suma que, según el PEN, aportarían las retenciones a la soja. Además, sería más justo, la circunstancia que justificó tal afectación ya no existe (el Anses es superavitario), permanente y de libre disponibilidad para provincias.

SITUACION BONAERENSE

La provincia de Buenos Aires no puede hacer frente a los sueldos de sus empleados, menos al funcionamiento digno de sus hospitales, escuelas, tribunales, policía. Su situación es similar a la del 2001: gasto creciente, recaudación en baja, sin acceso al financiamiento, postergación del pago a proveedores y contratistas.

Tampoco lo hará con lo que le toque de retenciones (no alcanza para financiar el incremento salarial propuesto y rechazado por los estatales). El problema es estructural: no es sustentable fiscalmente, sólo sobrevive por las "dádivas" del gobierno nacional.

Las provincias tienen bajo su responsabilidad las políticas públicas que más pueden contribuir a una mejor distribución del ingreso. En las actuales condiciones no pueden hacerlo en condiciones sostenibles en el mediano plazo; y ello constituye una debilidad institucional preocupante y que daña la democracia.

La solución no puede ser coyuntural, inestable y a costa de perjudicar el potencial productivo del país. Hay que hacerlo seriamente, con una visión de largo plazo y abarcativa de todos los sectores.

El momento político requiere madurez, visión estructural y valentía política por parte de los gobernadores y el resto de la dirigencia política para no dejarse atrapar en la irresponsabilidad del gobierno nacional.

En defensa de una mejor política productiva debería rechazarse la pretensión de coparticipar las retenciones y, en cambio, comenzar a desandar el camino del centralismo fiscal redistribuyendo hacia provincias recursos coparticipables que hoy se apropia la Nación.

(*)Ex ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires