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viernes | 03.07.2009
Descartan hipótesis del triple crimen de policías en La Plata
La fiscalía desestimó que haya habido una faltante de 350 handies en la planta transmisora de 7 y 630, donde asesinaron a los tres efectivos
La fiscalía de delitos complejos de La Plata descartó hoy que se haya producido un faltante de 350 handies en la planta transmisora de 7 y 630, del ministerio de Seguridad bonaerense, donde asesinaron a tres policías el 19 de octubre de 2007.
De esta forma, el fiscal Jorge Paolini descartó -en rigor archivó las actuaciones iniciadas por el posible robo- una de las hipótesis que se habían mencionado en la causa por el triple homicidio: la masacre habría tenido como móvil el robo de costosos equipos de comunicaciones.
En el dictamen, Paolini recordó que su par Marcelo Romero, a cargo de la causa por los crímenes de los policías Pedro Díaz, Ricardo Torres Barboza y Alejandro Vatalaro, había denunciado el faltante de unos 350 equipos de comunicación que habían sido adquiridos por el Ministerio de Seguridad.
También explicó que en esa denuncia, fundada en un informe de Gendarmería Nacional, se sugirió que "uno o más funcionarios públicos que tenían bajo su órbita de responsabilidad y competencia la administración, percepción o custodia de los tranceptores, bien podrían haberle conferido a los mismos una aplicación diferente a la debida, sea sustrayéndolos o dando ocasión -de modo doloso o culposo- a tal conducta por parte de terceros".
El fiscal Paolini dictaminó que "ninguna de las hipótesis sembradas por el denunciante, ha encontrado correlato en las constancias de la causa".
En tal sentido, explicó que "lejos de existir conducta reprochable alguna por parte de los funcionarios, en el caso de autos el incumplimiento parcial en la entrega de los aparatos encontró su razón de ser en la disparidad de criterios entre ambos contratantes en punto a si debían efectuarse retenciones en concepto de pago de tributos sobre el monto convenido".
"Claramente surge del expediente administrativo en cuestión que la firma Villey S.A. se negó a completar la entrega de los tranceptores hasta tanto se procediera a cancelar el importe total de la Orden de Compra, pretendiendo que no se deduzcan de dichos montos las retenciones impositivas correspondiente al impuesto a las Ganancias", se señaló en el dictamen fiscal.
"Ante tal incumplimiento -se agregó- el por entonces gobernador Felipe Solá, por decreto dispuso rescindir parcialmente el contrato con la firma y aplicar a la misma penalidades, por $966.735".
El fiscal detalló que en la investigación se determinó que la cartera de Seguridad gestionó la compra de 2.000 tranceptores portátiles en banda VHF, bajo la modalidad de contratación directa, de conformidad con la ley de Contabilidad y se formalizó con la firma Villey S.A.
La operación fue por unos 6.867.000 pesos y el 23 de junio de 2005 se recibieron 500 de los 2.000 tranceptores portátiles. El 1 de septiembre del mismo año se recepcionaron 1.000 tranceptores más y 27 del mismo mes otros 150 equipos, se señaló.
También afirmó que "verificado el faltante de 350 aparatos, el 30 de septiembre de 2005 se reclamó su entrega a la empresa y la adjudicataria solicitó ante la Tesorería General bonaerense la suspensión del pago estipulado por considerar que no corresponde la retención que pretendía en concepto de impuesto a las ganancias".
En el dictamen se dijo que luego,"desde la Tesorería se le informó al Contador General que en su carácter de agente de retención de impuesto a las ganancias y al no existir convenio para evitar la doble imposición respecto a empresas radicadas en Estados Unidos, debía practicarse la deducción correspondiente observando el procedimiento".
El fiscal dictaminó que "cancelado que fuera el pago de la totalidad de la operación acordada el 12 de mayo de 2005, y vencidos todos los plazos legales para la entrega de lo convenido y ante el incumplimiento de la empresa Villey S.A., se rescindió parcialmente el contrato con la firma y se le
impusieron penalidades por una suma cercana a $1.000.000".
En la causa del triple crimen policial hay siete personas detenidas con prisión preventiva y un prófugo, identificado como Gustavo Ariel Córdoba, alias "Papupa".
Los detenidos son Pablo Cepeda, Miguel Tobar, Fabián "Kunta" Rivero, Edgardo Zúcaro, Juan Pablo Córdoba, Marcos Casetti y Gabriel Sebastián Pereyra.
El 22 de octubre último, el juez de Garantías que interviene en el caso, César Melazo, dictó la preventiva para los detenidos, medida que luego fue confirmada por la Cámara Penal.
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