Gobierno propone despenalizar calumnias e injurias de la prensa

La presidenta Cristina Kirchner anunció hoy el envío de un proyecto de ley al Congreso para despenalizar el delito de calumnias e injurias contra periodistas y aseguró que en ningún período se pudo "hablar con mayor libertad" que durante el actual gobierno.

"Prefiero mil millones de mentiras antes que ser la responsable de haber cerrado la boca de alguien", enfatizó Cristina Kirchner, en medio del debate del proyecto oficial de Comunicación Audiovisual, que generó fuertes críticas en sectores de la prensa y la oposición.

La jefa de Estado hizo el anuncio al encabezar en el Museo para la Memoria un acto en homenaje a los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con motivo de conmemorarse el trigésimo aniversario de su histórica visita al país en 1979 durante la dictadura militar.

Unas horas antes, un grupo de legisladores de la oposición había anunciado el impulso a un proyecto similar, junto con otro para promover el acceso a la información pública y un tercero que reglamente el reparto de publicidad oficial.

La Presidenta dijo que "nadie pueda ser cercenado en la libertad de palabra" y consideró que es una medida necesaria "aún a costa de muchas veces de soportar cuestiones que tienen que ver con mentiras, con cuestiones que no son ciertas".

"Desafío a cualquier archivo, a cualquier memoria, a cualquier prueba, de que no ha habido mayor libertad para hablar de las autoridades en este Gobierno", subrayó la Presidenta.

Al respecto, indicó: "Quiero de esta manera, garantizar aún más [la libertad], -y repitió- aún más, porque dudo que haya habido alguna etapa en la vida institucional de este país en la que se haya podido hablar con mayor libertad que en la etapa que me ha tocado a mí en la República Argentina".

La jefa de Estado, dirigiéndose a las autoridades de la CIDH dijo "hace 30 años tuvieron que venir porque no había justicia ni libertad de expresión, hoy vienen a una país donde la libertad de expresión y prensa es más absoluta que nunca".

La iniciativa respecto de la figura de calumnias e injurias, se remite a la sentencia contra el gobierno argentino dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instándolo a "dejar sin efecto en un plazo de seis meses" la condena penal impuesta al periodista Eduardo Kimel, quien critió la actuación del ex juez Guillermo Rivarola en la investigación de la denominada "masacre de los palotinos".

La idea es derogar del Código Penal el título de los "delitos contra el honor", en lo que refiere a los periodistas, que hoy tienen penas de prisión y multas.

Según la definición jurídica, se entiende por calumnia "la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad", mientras que injuria es la "acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación".

Del acto participaron el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández; el canciller, Jorge Taiana; y el ministro de Justicia, Julio Alak; la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde; y la titular de la CIDH, Luz Patria Mejía.