Sin subsidios, vuelven aumentos en la luz y el gas

El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, ratificó que el programa de subsidios a las tarifas de luz y gas ya terminó, por lo cual desde octubre comenzarán a subir las tarifas de servicios públicos, y se recomienda a la población ser cautelosa con el consumo.

Así, el Gobierno busca ahorrar recursos del Estado y dotar de mayor transparencia al régimen tarifario pero, a cambio, se puede producir ajustes que llegan hasta el 400 por ciento, según los niveles de consumo.

La misma medida se había tomado en pleno invierno, pero provocó un fuerte rechazo social que llevó al Gobierno a dar marcha atrás y volver a aplicar el polémico esquema de subsidios.

RECHAZO LEGISLATIVO Y JUDICIAL

En el Congreso la oposición prepara una movida para tratar de evitar el "tarifazo" mientras que el ómbudsman de la Nación lanzará una ofensiva judicial que será explicada hoy mismo en una conferencia de prensa en la sede de la Defensoría sobre la calle Suipacha.

"Hay un programa de subsidios que termina hoy (por ayer miércoles) y así va a ser", remarcó De Vido durante una visita a la provincia de San Juan.

Tras esta ratificación, la única manera de que el "tarifazo" no se concrete es que la Justicia lo frene, como ocurrió en la última oportunidad en la que el Gobierno debió postergar la determinación.

Mientras tanto, diputados de la oposición sumarán fuerzas en el Congreso para impulsar una ley que derogue el polémico "tarifazo", ante la negativa oficial de suspenderlo definitivamente. El objetivo opositor es derogar el decreto 2067, que elimina los subsidios a las empresas, y el Programa de Uso Racional de la Energía Eléctrica (Puree), que penaliza a los que más energía eléctrica consumen.

INCONSTITUCIONAL

El Defensor del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, denunció que los aumentos tarifarios, que volverán en octubre, son "irracionales y excesivos" en la energía eléctrica e "inconstitucionales" en el gas. Sella aseguró que los usuarios "no deben pagar" el "Cargo Gas", que el Gobierno incluyó en las facturas a través del decreto 2067, para el pago del combustible que se importa. "Este recargo es inconstitucional porque significa un 50 por ciento de la suba tarifaria en cada factura cuando sólo es un impuesto. Entonces, ¿de cuánto es el impuesto en cada caso?", indicó Sella.