Contravenciones: se exigen medidas más eficaces para combatir la inseguridad

Las nuevas facultades que se le otorgarían a la Policía bonaerense para concretar arrestos por contravenciones pueden ser conducentes para sancionar y desalentar determinadas inconductas que, efectivamente, lesionan la calidad de vida y muchas veces la seguridad en el espacio público. Pero no se ve que vayan a servir para combatir el tipo de delito que, a gran escala, azota desde hace tiempo a los bonaerenses.

Como se ha venido informando, el Ejecutivo bonaerense impulsa una reforma del Código de Contravenciones que, entre otros puntos, incluiría la facultad de arrestar a personas que obstruyan el libre tránsito, que circulen por la calle con el rostro cubierto, que se encuentren en situación de "vagancia" o que se las halle "merodeando".

Desde luego, no puede objetarse la voluntad de combatir contravenciones de este tipo. Pero el problema de la inseguridad en la Provincia está vinculado con el accionar de una delincuencia desaforada, muchas veces enquistada en organizaciones complejas, conectada con grandes circuitos mafiosos como el del narcotráfico y que despliega cada día un mayor poder ofensivo. Enfrentar ese flagelo demanda, como se ha dicho aquí muchas veces, un plan de acción que debe involucrar a los tres Poderes del Estado y que debe incluir, esencialmente, a una fuerza policial eficaz, profesional y controlada, siendo esto último especialmente importante.

Debe decirse, además, que las facultades que ahora se pretende asignar a la Policía -y que no son por cierto novedosas- exigen una aplicación muy cuidadosa para no caer en excesos. En otros países, para inspeccionar el interior de un automóvil -por ejemplo- se requiere una fuerte y fundada presunción.

Sería lamentable, por otra parte, que esta nueva herramienta sea utilizada para abultar las dudosas estadísticas policiales de detenciones y se las exhiba luego como un supuesto índice de eficacia en la lucha contra el delito común y organizado.

Como se dijo, debe admitirse un problema de eficacia policial que sólo podría empezar a resolverse con una fuerte reestructuración de la fuerza que esté basada en un modelo de descentralización. Se ha planteado aquí una y otra vez: en un territorio como el de la provincia de Buenos Aires, se debe profundizar el camino de la "regionalización" de la Policía, otorgándoles a los intendentes y a las propias comunidades mayor capacidad de planificación y contralor sobre el accionar policial. Algunas experiencias exitosas de las "policías comunales" que funcionan en distritos bonaerense avalan esta postura, en contraoposición por el fracaso de la estructura tradicional.

Pero, por supuesto, también hacen falta otros cambios, muchos de ellos legislativos. Sería fundamental, por ejemplo, aumentar las penas a aquellos mayores de edad que acompañen a menores en la comisión de delitos. Es evidente que la inimputabilidad de los menores es aprovechada por mayores como una suerte de "escudo de impunidad" para el accionar delictivo. Se observa, sin ir más lejos, en los circuitos de comercialización de drogas. Castigar con la máxima severidad a los mayores que utilizan a los menores como "escudo" sería un aporte para intentar romper ese mecanismo perverso.

El vasto y complejo drama de la inseguridad en la Provincia no demanda, por supuesto, una única respuesta. Exige esfuerzos diversos y reformas estructurales. La modificación del Código de Contravenciones no puede presentarse, entonces, como una respuesta integral a un problema que excede en mucho a las inconductas a las que estas normas apuntarían.