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Cable: el Gobierno ordenó devolver los aumentos cobrados

Los usuarios de diferentes empresas de televisión paga deberán recibir el reintegro de los incrementos que se cobraron en sus abonos con posteridad a la Resolución de Defensa de la Competencia, que frena dichas alzas

6 de Febrero de 2010 | 00:00

El Gobierno ordenó a las operadoras de televisión por cable reintegrar los incrementos cobrados con posterioridad a la Resolución de Defensa de la Competencia que frenó los aumentos.

A través de la Resolución 13/2010, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia ordenó este reintegro a CableVisión, DirecTV Argentina, Telecentro, Supercanal y Red Intercable.

Además, se extiende a los socios de la Asociación Argentina de Televisión por Cable (Atvc) y la Cámara de Cableoperadores Independientes (CCI).

El texto expresa que "en caso de haber cobrado un incremento de los servicios de televisión paga con posterioridad a haber sido notificada la Resolución de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia número 8 de fecha 21 de enero de 2010, los mismos deberán ser devueltos (por nota de crédito o descuento) en la facturas que deberán ser abonadas por los usuarios en el mes de marzo de 2010".

También señala que si se han cobrado los incrementos en dos períodos, la devolución deberá ser imputada en las liquidaciones de marzo y abril de 2010 respectivamente, a través de notas de crédito o de descuentos en los precios finales.

Asimismo, señala que "el argumento de incremento de los costos raramente ha sido considerado como eximente o atenuante de una práctica colusiva tanto en el derecho local como en el derecho comparado".

Por el contrario, advierte que estos hechos "podrían estar sugiriendo la existencia de lo que en el derecho de la competencia se denomina cartel de núcleo duro que en muchas legislaciones constituye infracción per se, es decir, que no requiere que se pruebe la existencia de un daño al interés económico general, en virtud de la magnitud del daño que genera el mismo".

"Nada sugiere que los incrementos mencionados en los insumos del servicio de televisión paga puedan explicar los incrementos en los precios, y menos aún el patrón temporal en el que se establecen. Las empresas denunciadas cuentan individual o colectivamente con el suficiente poder de mercado en los diferentes mercados relevantes que podrían estar siendo afectados por la conducta investigada", concluye la comisión.

En sus considerandos expresa que la información recabada da cuenta de "la existencia de actos positivos, realizados no ya por un actor individual del sector de TV paga, sino por los principales operadores y entidades que nuclean a los mismos, tendientes a la fijación presuntamente concertada de los precios del servicio".

Agrega que la Comisión "no descarta la existencia de otros actos de carácter preparatorio o instrumental realizados con la misma finalidad, tales como la celebración de reuniones entre competidores y el intercambio de información, entre otros".

Dice que "tampoco descarta en esta instancia que, además de los denunciados, otros actores, y/o sus representantes, directores o gerentes, hayan participado o llevado a cabo actos o conductas de la naturaleza mencionada".

Dispara además que "las empresas y asociaciones investigadas son actores sofisticados, con amplio conocimiento del derecho de la competencia y, por lo tanto, es de esperar que planifiquen los incrementos de precios de forma tal de eludir los supuestos que usualmente configuran las prácticas concertadas o colusivas por ejemplo, evitando incrementos simultáneos y/o de la misma magnitud".

Por tal motivo, la Comisión advierte "la existencia de un patrón, tanto en lo referido a la oportunidad como a la magnitud de lo incrementos de precios".

Como ejemplo, señala que "la anticipación con que DirecTV implementó su incremento de precios, lejos de desvirtuar la posibilidad de existencia de una conducta, puede ser fácilmente explicada en el marco de la misma, como una forma de evitar los acercamientos de precios entre los distintos tipos de servicios".

Dice, además, que "la presencia de una Cámara formulando anuncios sobre los precios de los servicios y de entidades que nuclean a las pequeñas y medianas empresas del sector, refuerza la presunción de que existen mecanismos establecidos que facilitan las prácticas colusivas".

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