Reclamo por la situación en las cárceles

En respuesta a una presentación realizada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) en noviembre de 2009, la Corte Suprema de Justicia de la Nación llamó a preservar "la seguridad y la integridad física" de las personas privadas de su libertad en la provincia de Buenos Aires y, para ello, reclamó la intervención del máximo tribunal bonaerense.

De acuerdo con la resolución, fechada el 23 de febrero último, la Suprema Corte de la Provincia deberá responder a la presentación del CELS, que denunció el incumplimiento del fallo "Verbitsky" de 2005.

En aquella sentencia, la Corte nacional había condenado a la Provincia por el estado de sobrepoblación, violencia e insalubridad de sus cárceles y comisarías, y había establecido estándares mínimos sobre condiciones de detención y prisión preventiva.

En este nuevo pronunciamiento, la Corte exhortó al tribunal bonaerense a atender "las condiciones inhumanas de detención" señaladas por el Cels y le indicó que "considere especialmente las cuestiones atinentes a la preservación de la seguridad y de la integridad física de las personas privadas de su libertad, y a la prevención de incendios que pudieran tener origen en la combustión de materiales _como el poliuretano de los colchones_".

La resolución "cobra especial relevancia en el contexto actual, marcado por la continuidad de los alarmantes índices de prisión preventiva, situación que alcanza al 76,2 por ciento de las personas privadas de libertad en la Provincia, uno de los mayores de todo el continente", según indicó el Cels.

Además, la entidad dijo que el fallo advierte que "en los últimos dos años se ha registrado un aumento alarmante de la cantidad de detenidos en cárceles y comisarías bonaerenses. En el caso de las dependencias policiales, el incremento fue del 51 por ciento desde el inicio de la actual gestión".

La decisión de la Corte Suprema "también debe ser evaluada a la luz del renovado impulso que tomó en los últimos días un proyecto de ley elaborado por el Poder Ejecutivo provincial con el objetivo de limitar aún más las excarcelaciones", concluyó el Cels.