En el centro de la batalla entre el Gobierno y la oposición en el Congreso, está la coparticipación de los fondos federales, en el marco de un marcado crecimiento del gasto público.

En efecto, ya se anticipó que en esta semana comenzará a tratarse la coparticipación de lo recaudado por la controvertida Ley del Cheque, en un tema que el Ejecutivo ya amenazó con vetar, luego de que el ministro del Interior, Florencio Randazzo reclamó "que nos digan cómo se va a tapar el agujero fiscal" que generaría ese proyecto.

Lo cierto es que la oposición busca avanzar en la modificación del impuesto, para aumentar su porcentaje de coparticipación con las provincias, que tendría el próximo miércoles los 37 votos necesarios en el Senado; y pasaría así a Diputados con la seguridad de una aprobación quizá a fines de marzo o principios de abril.

Si esto sucediera, habría una consecuencia inevitable para el oficialismo: podría convertirse en la primera ley vetada por Cristina Kirchner luego de la conformación del nuevo Congreso.

La modificación que tratará el Congreso buscará modificar la coparticipación a las provincias del Impuesto al Cheque, para darle un porcentaje mayor que el 50% en asignación automática y que cuenta con el aval de muchos gobernadores. El dictamen definitivo salió desde las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Coparticipación y Economía le dio el dictamen positivo para que se trate en el recinto y necesite solamente mayoría simple para aprobarlo.

La comisión quedó integrada sólo por senadores opositores y busca en principio, y como piso, que las provincias reciban un 53% de la coparticipación del Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios, lo que implicaría para el Gobierno una pérdida de recaudación de no menos de 10.300 millones anuales.

En la actualidad, el conjunto de las provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reciben sólo el 14,98 por ciento de la recaudación del impuesto, dejando de percibir, de acuerdo con las proyecciones del Presupuesto 2010, aproximadamente 7.000 millones de pesos. Y se asegura que las provincias de Santa Fe y Córdoba resignan anualmente una cifra estimativa de 600 millones de pesos cada una y la provincia de Buenos Aires, aproximadamente 1.400 millones de pesos, siempre según el proyecto para tratar la cuestión.

CAMBIO DE EJE

De esta forma, de acuerdo a la nueva realidad que se plantea en el Congreso y en caso de ser convertido en ley, obligaría al Gobierno nacional a aplicar un drástico freno al gasto público nacional cuya expansión fue determinada en parte por las necesidades de enfrentar la severa crisis externa y minimizar la caída de la actividad y del empleo en 2009.

Según un trabajo del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IAREF), los niveles absolutos y relativos del gasto público en la actualidad se han convertido en un tema relevante, dado que por primera vez en varios años durante el 2009, el Sector Público nacional finalizó su ejercicio con déficit (luego del pago de intereses de la deuda).

De esta forma regresa la inquietud respecto a qué nivel de gasto público es financiable por la economía sin entrar en zona de riesgo.

Con una presión tributaria efectiva en niveles máximos, con falta de acceso a financiamiento voluntario a tasas razonables, surgen los interrogantes de cómo financiar el déficit fiscal y los pagos de capital de la deuda. Estas inquietudes se tornan más preocupantes teniendo en cuenta que se espera una tasa de inflación que puede tener un piso del 20% durante el 2010, señala IAREF.

Mientras tanto, también se conoció ayer que las partidas de los fondos girados en forma "discrecional" por la Nación a las provincias registró un fuerte incremento del 54 por ciento en 2009 respecto de 2008, y los gobernadores perdieron participación en el gasto primario total del país, según reveló el Informe de Ejecución Presupuestaria del Sector Público Nacional realizado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera (ASAP). El análisis precisó que el giro de fondos de la Nación a las provincias creció en 18.612 millones de pesos en 2009, respecto de 2008, pero disminuyó 1 por ciento la participación de las gobernaciones en el gasto primario total del país.