Limitarían más las excarcelaciones

El próximo miércoles, cuando el Senado bonaerense retome sus sesiones ordinarias, el gobernador Daniel Scioli podría obtener el primer respaldo legislativo del año, si tal como se prevé, el cuerpo aprueba y gira a la Cámara de Diputados el proyecto enviado por el Ejecutivo para modificar el Código de Procedimiento Penal y limitar los criterios para el otorgamiento de excarcelaciones.

En los últimos días, la norma dio el último paso hacia su tratamiento en el recinto, al lograr un dictamen favorable de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta, donde venía siendo analizado. Allí, según trascendió, la iniciativa enviada por el ministro de Justicia, Ricardo Casal, sufrió un cambio relacionado con las causas abiertas a partir de planteos de la oposición que advertían sobre la posibilidad de que esta instancia afecte el principio de inocencia.

“Pero el resto del articulado quedó como llegó desde el Ejecutivo”, explicaron fuentes del Senado.

En concreto, la modificación del Código de Procedimiento Penal apunta a endurecer las condiciones bajo las cuales los jueces pueden otorgar excarcelaciones cuando se trate de adultos que usan menores para delinquir o cuando se constate el uso de armas. A tal efecto se agrega el siguiente párrafo al artículo que prevé las condiciones para que un imputado sea excarcelado: “en los casos de delitos cometidos con violencia o intimidación contra las personas mediante el empleo de armas de fuego, o con la intervención de menores de dieciocho años de edad, la excarcelación y la eximición de prisión se resolverán teniendo en cuenta la escala resultante de la aplicación de los artículos 41 bis y quater del Código Penal”.

Además, la reforma apunta a que en términos de excarcelaciones, se adecue la legislación provincial con la penal a la hora de analizar el cómputo. Para ello se modifica un inciso del artículo que establece las funciones del agente fiscal y se le impone “la observancia y control” al estricto cumplimiento del juez de consultar al Registro Nacional de Reincidencias.

También agrega a las solicitudes de Audiencia Preliminar que fija el Juez de Garantías antes de dictar sentencia, que “cuando cualquiera de las partes” la solicitare para el tratamiento de la prisión preventiva, “será obligatoria”.

En el último punto del articulado determina que estos cambios “regirán en forma inmediata y se aplicarán aún respecto de los procesos, incidentes y recursos en trámite, sin afectar derechos adquiridos ni la validez de los actos cumplidos”.

Por estas horas, el bloque del oficialismo en el Senado destila confianza en torno a la posibilidad de aprobar la norma. Es que, trascendió, en los últimos días terminó de acordarse el apoyo legislativo que brindará el bloque de Unión PRO, que, con todo, considera que la norma “es inocua y no generará modificaciones de fondo al tema de la inseguridad”.

Es que la bancada conducida por Osvaldo Goicochea ya no cuenta, luego del recambio legislativo, con la posibilidad numérica de aprobar proyectos ante el rechazo de la totalidad de los bloques opositores, algo que sucede con este proyecto con la excepción de Unión PRO.

Tanto los senadores de la UCR como del GEN y el ARI ya adelantaron que no apoyarán esta norma.

TRES

Son los artículos del Código de Procedimiento Penal que serían reformados.