Nada es claro en estos días en donde el vértigo de la crisis política no permite apreciar con certeza hacia donde irá la Argentina. Oficialismo y oposición siguen envueltos en una batalla sin tregua, cada cual con sus razones y motivos, por el control de parcelas de poder en el Congreso, en la justicia o en las provincias.

El Gobierno y sus aliados festejaron el jueves pasado el traspié que impidió a la oposición rechazar el pliego de Marcó del Pont al frente del Banco Central.

Dos senadoras decidieron cruzar el charco luego de ingentes gestiones oficiales. La oposición denunció compra de voluntades. Esta semana está prevista otra sesión en la cual el Senado trataría una ley de coparticipación del impuesto al cheque. Otra vez, la tarea oficial y opositora se concentra en sumar los 37 votos que darían el triunfo. Nadie parece preocuparse por los debates de fondo y tampoco por los problemas urgentes.

Según el Indec, la inflación de febrero alcanzó a 1,2%, la más alta en los últimos cuatro años. Parece mucho, pero es poco frente al vértigo que han tenido los precios en los últimos meses. La mayoría de los estudios privados y de las provincias que no siguen los designios de Guillermo Moreno, arrojan resultados que duplican esa inflación oficial.

La proyección anual de lo ocurrido en los últimos tres o cuatro meses arroja una inflación superior al 30% para el 2010. El alza de la canasta básica de alimentos es aún mayor: según algunos estudios sería del orden del 70% en el último año.

¿Qué debería ocurrir para que el Gobierno dejara de negar lo evidente? ¿Por qué la oposición elude el tema, o solo lo menciona para las noticia de los diarios?

La responsabilidad primaria sobre la gestión es del Ejecutivo, pero el resto del arco político no puede obviar esa realidad.

El debate sobre el uso o no uso de las reservas es importante, pero hasta ahora la discusión parlamentaria ha girado alrededor de las formas institucionales: si corresponde una ley en lugar de un DNU, o si se respetaron las normas constitucionales, la carta orgánica del Banco Central y la independencia de la Kusticia para fallar sobre los recursos presentados.

Son debates cruciales para que funcione la República y la división de poderes. Es cierto que la presidente Cristina Kirchner ha rebasado límites que ponen en riesgo la convivencia en una democracia y que la oposición no ha logrado hacer pie para encauzar el conflicto político.

Pero en el medio, las urgencias económicas y sociales del país siguen a la deriva.

En la semana que pasó, la Corte Suprema y la Iglesia se pronunciaron en direcciones similares: tratar de bajar el nivel de conflicto y buscar el acuerdo y la negociación. En esta semana es probable que tres entidades empresarias avancen con una declaración similar: los titulares de la UIA (Unión Industrial Argentina), la Sociedad Rural y AEA (Asociación Empresaria Argentina), intentan calmar los ánimos que se exaltan en la política y que (más tarde o más pronto) afectarían la marcha económica.

Los pronósticos o proyecciones del 2010 son bastante positivos, pero el mundo de los negocios teme que el conflicto político termine afectando la recuperación. La inflación -sin duda- causa hoy el mayor temor.

El Gobierno procura sostener otro año de crecimiento con un gasto público que crece a un ritmo del 30%. Para esto, y para que cierren los números fiscales y compromisos de deuda, necesita si o si de los 6.500 millones de dólares de las reservas del Banco Central.

En caso de que esos recursos le fueran negados, se vería obligado a congelar los gastos o partidas destinadas a la obra pública y los subsidios (energía, transporte, etc.), además de afectar los fondos para el subsidio social.

No es casual que la Presidenta acuse a la oposición de promover un ajuste fiscal por el rechazo al DNU de las reservas. La meta oficial no repara en los efectos negativos de un gasto público que se dispara: la ya mencionada inflación, pero también la competitividad de la producción argentina.

Si el gobierno se tienta -como parece- a usar de ancla de la inflación a la cotización del dólar, en tanto los precios internos se disparan, así como los salarios de los sectores con mayor capacidad de negociación, la Argentina se encaminaría a otra encrucijada explosiva, con un dólar atrasado y precios en una olla a presión: los dólares de la soja quizás ayuden a sortear las dificultades y desajustes económicos del 2010, pero hacia delante, este gobierno o el próximo, enfrentaría situaciones inevitables: sincerar los precios, y sincerar también la pobreza y la mayor exclusión social.