La decisión de sectores de la oposición de impulsar una suba del 82% móvil de los sueldos mínimos como haber jubilatorio, disparó un profundo debate sobre la capacidad del sistema para hacer frente a estos pagos, cuya justicia está fuera de toda discusión.

Así desde el Gobierno se advirtió que pagar este aumento significaría la quiebra del sistema, que además se sumaría a la desfinanciación del Estado por el ajuste de otros ingresos, como ser una reducción en las coparticipaciones de los productos agropecuarios, que también impulsa la oposición.

En cambio desde sectores no oficialistas, incluso de grupos muy próximos al kirchnerismo destacan que el ajuste es posible, pero que requiere replantear el sistema jubilatorio y sus fuentes de financiamiento.

En recientes trabajos de Equipo de Gestión Económica y Social (EGES) y del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) se analizó la cuestión y se destaca como muy importante considerar que "las decisiones que se tomen deben considerarse en el marco fiscal integral para el mediano plazo".

Al respecto en su trabajo Nadin Argañaraz, director de IARAF considera que a la hora de financiar un posible ajuste de jubilaciones mínimas "también existen opciones varias, como la de sustituir otros gastos o la de aumentar impuestos.

Sectores de la oposición reclaman como una forma de financiar el ajuste del 82% móvil el restablecimiento de los aportes patronales a los niveles de 1993, cuando el ex ministro Cavallo decidió una drástica reducción para recuperar niveles de empleo, por entonces fuertemente deteriorado.

Sin embargo, esta posibilidad fue cuestionada con fuerza desde el sector empresario y el titular de la UIA, Héctor Méndez señaló que su restablecimiento quitaría competitividad a la producción nacional y afectaría la actividad fabril.

Lo cierto es que como señala el informe de EGES resulta claro que si se quiere aumentar el gasto para jubilaciones o cualquier otro rubro del Estado se deberán incrementar los recursos vía suba de impuestos o endeudamiento o mediante la eliminación de otros gastos alternativos.

Así, más allá de quienes sostienen que debería liquidarse el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (ver aparte) esta posibilidad parece remota no sólo porque significaría hacer desaparecer un Fondo del cual el Gobierno echa manos en situaciones de urgencia, sino que además será muy difícil de realizar. En efecto, según estima la Anses en caso de liquidarse el Fondo de Garantía de sustentabilidad (surgido de la transferencias de las Afjps) apenas alcanzaría al 44% de su valor actual.

HABERES Y SALARIOS

Según el trabajo de EGES, en la actualidad el sistema jubilatorio cuenta con 5,5 millones de beneficiarios, entre jubilaciones, pensiones y otros pagos, mientras que durante 2003 la cifra alcanzaba a sólo 2,3 millones. Ese incremento permitió un aumento en la cobertura previsional, llegando a prácticamente el 90% de las personas en edad jubilatoria. La incorporación de los nuevos beneficiarios se realizó con el haber mínimo, por este motivo es tan relevante esta variable.

El piso de la jubilación se encuentra en términos proporcionales respecto al salario mínimo vital y móvil en niveles menores si se compara con la década del '90. En efecto, en la actualidad está en el 57% del valor, contra un nivel del 75% en ese período.

No obstante se debe analizar que el salario mínimo creció mucho tras la salida de la convertibilidad, desde un nivel bajísimo. Como el salario piso estaba planchado, el haber mínimo se presentaba como proporcionalmente alto. Es decir que este indicador es relativamente bajo, aunque realmente no lo sea.

En cambio cuando se considera la evolución del poder adquisitivo tomando como base 1994=100, este se incrementó aunque en forma menor a la del mínimo de un asalariado, concluye EGES (ver gráficos).

70 AÑOS

La Comisión Europea propuso postergar progresivamente hasta los 70 años la edad de jubilación hacia el año 2060 para garantizar la sustentabilidad y evitar la quiebra de los sistemas de pensiones.