Es hora de ir diciendo lo que poco o nada ha sido mencionado. Ya que le decisión del Gobierno es seguir revolviendo los años setenta y planteándose las mismas batallas que, de jóvenes, libraron hace 40 años, correspondería decir, por ejemplo, que el terror de Estado empezó en 1974. El 24 de marzo de 1976 fue derrocado -claro- un gobierno constitucional. Pero muchas prácticas ilegales habían empezado dos años antes.

Las estremecedoras revelaciones que acaba de poner en circulación el periodista Daniel Gutman en su libro "Sangre en el monte. La increíble aventura del ERP en los cerros tucumanos", no sólo dejan sin aliento. El libro, publicado por Editorial Sudamericana, se incrusta contra la oleada actual de propaganda kirchnerista, al demostrar que el régimen de Isabel Perón permitió, toleró y convivió con un brutal despliegue de los secuestros, las desapariciones, la tortura y el asesinato, no sólo por lo perpetrado en nombre de la cripto gubernamental Triple A, sino -sobre todo- por lo que hicieron las Fuerzas Armadas en Tucumán durante el Operativo Independencia.

PASADO

El tema asume ahora una brutal actualidad. Ha sido desgraciadamente el propio Gobierno el que cavó la pestilente zanja de revolver un pasado trágico. Pensaba ¿ingenuamente? que se beneficiaría de esa excursión historiográfica, autorrepresentándose como sinónimo de la nobleza y el idealismo. Al hacerlo, el Gobierno se zambulló en una aventura de impresionante audacia, fantaseando que en la era de Google y del huracán digital, es posible reescribir la crónica de un país "a piacere".

Por eso, Néstor Kirchner sentó a su lado a Osvaldo Papaleo en el acto de la Casa Rosada contra Papel Prensa, y el nuevo zar de las comunicaciones, Gabriel Mariotto, hace actos partidarios de la mano de ese "querido compañero militante".

El problema central del revisionismo kirchnerista es que la enorme prueba documental acumulada, como lo demuestra el libro de Gutman, revela que desde fines de 1974, en pleno gobierno justicialista, la Argentina fue un país cuyas autoridades civiles coexistieron con una represión ilegal salvaje e irrestricta.

Naturalmente, la guerrilla del ERP primero y la de Montoneros después, hicieron todo lo posible para demoler el orden constitucional. El PRT-ERP le declaró la guerra al gobierno legal desde su asunción el 25 de mayo de 1973, y Montoneros la oficializó de manera abierta en 1974, aunque nunca dejó de operar en materia de secuestros y asesinatos. Pero ese gobierno justicialista replicó a ese desafío intolerable abriendo las puertas del infierno.

El Operativo Independencia desarrollado por la V Brigada de Infantería del III Cuerpo implicó la convalidación explícita de la tortura a escala masiva y la ejecución de centenares de desapariciones. Actuaba el Ejército, pero gobernaba el peronismo. Es cierto que el ERP atacó siete cuarteles militares entre febrero de 1973 y diciembre de 1975, pero también lo es que las autoridades justicialistas (desbordadas y superadas) no confrontaron la criminalidad represiva encarnada en las acciones de Adel Vilas, el jefe militar que "limpió" Tucumán de guerrilleros, mucho antes de marzo de 1976.

Solamente en Tucumán, revela Gutman sobre la base de lo certificado por el Archivo Nacional de la Memoria, hubo no menos de 151 desaparecidos. No fueron víctimas de la Triple A. Eran personas secuestradas y asesinadas por el Ejército, que reportaba formalmente al gobierno del Partido Justicialista, encabezado por la heredera de Perón, María Estela Martínez. Se efectivizó en aquellos años lo que Gutman denomina con pertinencia absoluta "la desmesura criminal de la represión ilegal".

Fue durante ese gobierno peronista que el aparato del Estado que controlaba la prensa prohibió rigurosamente la difusión de información independiente sobre las acciones militares en el norte argentino y sobre la violencia en general. De hecho, ahora se sabe que el Ministerio de Defensa directamente eliminó a mediados de 2009 del sitio internet del Ejército el listado completo de "los caídos en los enfrentamientos internos en las décadas de 1970 y 1980".

PRESENTE

Éste es el nudo de la cuestión actual. Al asociarse explícitamente con un personaje como Papaleo, súbitamente convertido en "militante", el Gobierno ha perpetrado un muy sustancial cambio. Papaleo acompañó hasta el último día a un gobierno que coexistió, en abierta y directa tolerancia, con la puesta en práctica del zafarrancho más completo de terror de Estado, que sería formalizado en 1976, pero se había practicado desde dos años antes.

Así, cuando Kirchner, Mariotto y Aníbal Fernández exaltan a Papaleo, en su demencial cruzada para deslegitimar al "Nunca Más" y a la Conadep, convalidan lo actuado por un personaje literalmente asociado con una era de horror que antecedió largamente al gobierno militar.

Esta larga marcha a un pasado distorsionado ha sido uno de los pilares centrales en la construcción de una parodia. Pero ha llegado ahora a unos niveles de agresividad e impudicia llamativos. Para el Gobierno ya no se trata de subrayar el carácter diabólico de los dictadores, sino en agredir a quienes los castigaron.

Ha sido el Gobierno el que ha apelado al pasado, estimulando un imaginario que reposa sobre una ignorancia descomunal sobre lo sucedido. El revisionismo kirchnerista postula que el horror comenzó en marzo de 1976 y nada quiere investigar ni mucho menos esclarecer sobre las calamidades que van de 1973 hasta la llegada de los militares al poder.

El problema es que el kirchnerismo debe ahora procesar un turbulento conflicto con su propia tropa, porque el oficialismo ha enrolado en su causa a intelectuales y periodistas que se asocian con el legado de Rodolfo Walsh, Francisco Urondo, Rodolfo Ortega Peña, algunos de los emblemas del revolucionarismo setentista que chocaron de frente con Perón y sus seguidores. ¿Cómo se hace para ser camarada de ruta de paradigmas del isabelismo como Papaleo?

FUTURO

Es que el pragmatismo oficial choca con sus propias incongruencias. Es cierto que el actual canciller Héctor Timerman tenía 22 años cuando él y su padre se fotografiaron con el entonces presidente Jorge R. Videla. Pero, 35 años después, ¿qué pueden tener en común los profesionales e intelectuales setentistas hoy kirchneristas, con esos cadáveres horripilantes que remiten a una historia atroz?

Papaleo fue altísimo jerarca del gobierno peronista mientras las universidades eran purgadas. Cuando el despedido rector de la UBA, Rodolfo Puiggrós, marchaba al exilio antes de 1976, Papaleo era un activo cuadro del gobierno que propiciaba el oscurantismo retardatario más clamoroso. Sentado junto a Kirchner hoy, Papaleo patentiza una dramática impostura, cada vez más hiriente y disparatada.

Lo importante ahora para el Gobierno ya no es reiterar sus consignas reivindicativas, atribuyendo la tragedia argentina al carácter diabólico de un puñado de jerarcas de la dictadura. Les importa ahora satanizar a otros enemigos. Pasó el tiempo de vituperar a Videla o Martínez de Hoz; es el momento de proponerse la deslegitimación de quienes juzgaron y sentenciaron a los miembros de las juntas. Por eso Papaleo y Aníbal Fernández insultan y agravian a Julio Strassera.

Es como si en esta etapa de penumbra, los voceros del kirchnerismo hubieron redescubierto su vieja y proverbial identificación con una época, un movimiento y unos hechos inexorablemente ligados con la era más oscura y deleznable de la historia argentina.

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