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MONTEVIDEO.-El Frente Amplio de Uruguay se encamina a lograr por fin la eliminación de la Ley de Caducidad que amnistió a militares y policías que asesinaron y torturaron durante la última dictadura (1973-1985), aunque la aprobación parlamentaria del proyecto dejó heridas internas en la alianza de gobierno.
Pocas horas después de que concluyera la maratónica sesión del Senado, en la que el oficialismo logró imponerse con 16 votos a favor, se conocieron ayer algunas precisiones sobre la renuncia a su banca de Eleuterio Fernández Huidobro y la futura expulsión del senador Jorge Saravia, quien rechazó la iniciativa y no se plegó a la disciplina partidaria.
Un punto que se intentaba dilucidar es el hecho de que si con esta nueva ley modificatoria, los represores actualmente presos quedarían automáticamente en libertad, como aseveró el martes en la sesión el senador opositor y ex presidente Luis Lacalle.
El precio más alto que debió pagar el Frente Amplio por las diferencias internas que existían alrededor de la norma fue la renuncia del senador Fernández Huidobro, viejo compañero de la militancia de Tupamaros del presidente José Mujica, con quien compartió más de 11 años de prisión en condiciones extremas.
El legislador, que abandonará su cargo el 6 de mayo luego de cumplir distintas instancias reglamentarias, fue visitado el mismo marte por la noche en su despacho por Mujica.
UN ABRAZO DE MUJICA
"Vine a darle un abrazo a un viejo compañero, con el que hace 40 años militamos. Me parece que lo tenía que hacer. Es un amigo. Conozco su temperamento. Estas decisiones son personales", dijo luego el mandatario, según publicó ayer el matutino Ultimas Noticias.
El "Ñato" Fernández Huidobro reiteró ayer que siempre estuvo en contra de la Ley de Caducidad, pero que discrepa con esta ley, ya que "adolece de grandes defectos y va a ser víctima de las demandas por inconstitucionalidad".
Comentó también que no se le puede pedir a Mujica que vete esta ley y que el presidente no es quien "organizó este lío", pero admitió que "terminará siendo el responsable de todo". La votación en el Senado coincidió con la aparición de una carta en la que centros de militares uruguayos reiteraron sus críticas al Poder Judicial, por entender que los procesos por violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura no les ofrecen garantías.
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