Trabajo esclavo: ninguno de los acusados quedó detenido

El martes pasado, al término del procedimiento que permitió desbaratar una serie de talleres textiles clandestinos en la localidad de Hernández, donde encontraron a unas 20 personas en condiciones infrahumanas de trabajo y alojamiento, siete hombres y dos mujeres, la mayoría de nacionalidad boliviana, quedaron a disposición de la Justicia Penal de nuestra ciudad.

Se les imputó, en esa instancia, el delito de "reducción a la servidumbre", que prevé penas de entre 3 y 15 años de prisión o reclusión.

Sin embargo, para el juez de garantías que interviene en el caso, Fernando Mateos, no existen elementos -al menos a esta altura del proceso- para sostener dicha acusación y rechazó los pedidos de detención que le había formulado el fiscal Marcelo Romero, explicaron a este diario fuentes de tribunales.

Los mismos voceros detallaron que el representante del Ministerio Público, ante esa resolución, dispuso la inmediata libertad de todos los aprehendidos, aunque cabe aclarar que seguirán sometidos a proceso, tras fijar domicilio legal en el radio de La Plata.

"TRATA DE PERSONAS"

Se indicó también que el expediente será instruido de ahora en más por el fiscal Fernando Cartasegna, por ser el que tiene a su cargo todos los asuntos vinculados con la "trata de personas", entre los que se encuentra la "reducción a la servidumbre".

Cabe destacar que la misma suerte corrieron las personas detenidas por "encubrimiento agravado", que serían los encargados de los locales comerciales que justo fueron a buscar mercadería en momentos en que se desarrollaban los allanamientos.

Como adelantó este diario en su edición de ayer, a principios de este mes una voz anónima alertó sobre la existencia de trabajo esclavo en varios talleres textiles ubicados en la localidad de Hernández. Mencionó condiciones infrahumanas de alojamiento, violencia laboral y la presencia de múltiples conexiones clandestinas de electricidad, que atentaban contra la seguridad de todos los empleados.

Ante esa situación, previo ordenarse la obtención de imágenes, a través de filmaciones y fotografías encubiertas y hasta la recepción de testimonios con reserva de identidad, la Justicia platense dispuso la realización de 10 allanamientos para viviendas de las calles 27 bis entre 512 bis y 513; 27 bis y 513; 27 bis entre 513 y 514; 29 entre 512 y 513 y 513 entre 28 bis y 29; donde se terminó de comprobar que la denuncia era por demás verosímil.

Según el reporte oficial, unas 20 personas de nacionalidad boliviana, entre las que había varios menores de edad, se encontraban en situación de reducción a la servidumbre, dentro de una serie de precarios inmuebles, en los que habían instalado decenas de máquinas de coser industriales para la confección de ropa, la mayoría de mujer.

Los voceros consultados indicaron que en esos lugares supuestamente se elaboraban prendas de vestir para importantes locales comerciales de la Ciudad y también, se presume, otra buena parte de lo producido terminaba en las llamadas "saladitas".

En total, tras la intervención policial, se secuestró un total de 20.000 pantalones terminados y a terminar; unas 38.000 marcas o etiquetas; botones; cierres, moldes y varias anotaciones caseras, donde, agregaron las fuentes, asentaban el destino de la mercadería y hasta varios números de teléfono, que ahora serán motivo de análisis.