Fuerte rechazo empresarial a más controles para importar 

Empresarios importadores salieron a cuestionar ayer la medida del Gobierno nacional, que fija un mayor control a las compras en el exterior al obligarlos a presentar una declaración jurada por anticipado ante la AFIP y otros organismos para notificar lo que quieren adquirir.

La nueva medida, que comenzará a regir a partir del próximo 1 de febrero, tampoco cayó bien en los exportadores, que pidieron ayer la suspensión del nuevo régimen para las importaciones de bienes de consumo con el fin de "abrir un período de consultas" sobre la resolución.

"Más del 80% de lo que se importa va a la producción argentina... en la medida que no haya la fluidez necesaria en ese tipo de productos, habrá problemas", aseguró el titular de la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA), Diego Pérez Santisteban.

La resolución exige una Declaración Jurada Antipada de Importación (DJAI) a las empresas ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por la cual deben dejar registro previo "de todas las destinaciones definitivas de importación para consumo".

El sector importador considera que el Gobierno habilitó así una suerte de "superlicencia" previa de importación ante la AFIP, que a su vez dará parte a diferentes organismos públicos aún sin definir "en función de su competencia en la materia".

Los operadores, según trascendió, consideran que la resolución es vaga y genera "incertidumbre". Creen que la intención del gobierno es fijar un esquema de mayor control del comercio exterior para preservar el superávit comercial y restringir la salida de dólares.

El titular de CIRA señaló que "en el armado de un auto que se fabrica en la Argentina, más del 60% de las partes son importadas... ése es uno de los sectores de la ecuación de comercio exterior más desfavorable".

Según Pérez Santisteban "faltan elementos" para saber si se trata de un "régimen informativo precautorio" ante la AFIP, lo que consideró inocuo, o si esa declaración "una vez enviada va a tener un tratamiento del cual va a haber que esperar alguna respuesta". En ese caso, "implicaría en la práctica transformarse en algo parecido a una licencia automática o no automática", señaló.

El dirigente también hizo referencia a la política de sustitución de importaciones que alienta la Casa Rosada: consideró que eso "no depende solamente de imposiciones o de buena voluntad: entran en juego todas las variables económicas del país para atraer inversiones. Y esto requiere tiempo".

El directivo enfatizó, finalmente, que esta situación "genera incertidumbre, que es la peor palabra que puede existir en el comercio exterior, porque las operaciones no se hacen de un día para el otro".

OTRO RECHAZO

"Estamos solicitando la suspensión de la medida para poder dar espacio a un proceso de consultas ya que, en principio, la norma es no conforme a los compromisos regionales (Mercosur, ALADI) e internacionales con los cuales Argentina está comprometida", indicó, por su parte, la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), en un comunicado suscrito por su presidente, Enrique Mantilla.

La CERA "entiende que el concepto de información anticipada de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) invocado en la resolución de la AFIP es utilizada de manera no conforme", señaló la entidad que agrupa a los exportadores.

"Nosotros no hemos encontrado en la OMA ninguna recomendación por la cual antes de realizar una compra en el exterior se deba realizar una Declaración Jurada Anticipada de Importación", tal como indica la norma, puntualizó el comunicado.

TRASPASO

Para Pérez Santisteban, el sector importador está “sufriendo los problemas de un traspaso total” de la autoridad de comercio exterior del ministerio de Industria al de Economía. “La nueva secretaría empezó sin escritorio y sin personal”, criticó