Secuelas de la expropiación

"La recuperación de YPF está bien, pero debieron hacerlo de otra manera". La frase, palabras más, palabras menos, sintetiza el pensamiento de varios gobernadores, la mayoría oficialistas e incluso involucrados directamente en el proceso que derivó en la expropiación de las acciones de Repsol en la petrolera.

Sin embargo, estos mismos gobernadores ya dieron muestras de que se adaptarán rápidamente al nuevo escenario, porque entendieron que el mensaje político que contiene la drástica medida es que la presidenta Cristina Kirchner parece dispuesta a jugar a fondo desde el arranque de su segundo mandato.

Más pragmáticos todavía que los políticos son los empresarios, por lo menos los más encumbrados, que ya le dieron señales al Gobierno, por distintas vías, de que asimilarán el efecto aleccionador que supone la expropiación a Repsol, tratando de parecerse lo menos posible a la compañía española.

Por caso, la poderosa Techint sólo repartirá entre sus accionistas el 14 por ciento de las utilidades de su último ejercicio, mientras que el resto lo aplicará a inversiones, la mayoría proyectadas en la Argentina. Los bancos, a su vez, acudieron rápidamente a una reunión convocada por Axel Kicillof.

El hombre del momento en el universo kirchnerista los citó en las oficinas de la intervenida YPF, en Puerto Madero, y les transmitió la idea -de manera mucho menos enfática que su reciente intervención en el Congreso- de que no debían esperar cambios en la relación con la petrolera.

Los banqueros escucharon con atención, puesto que varios de ellos tienen una porción considerable de su cartera tomada por los créditos que concedieron al grupo Eskenazi, que aún conserva el 25 por ciento de las acciones de YPF.

PRIMERAS ENCUESTAS

La incertidumbre que se percibe por los efectos económicos que tendrá la expropiación de YPF se disipa en el campo político, donde la Presidenta capitaliza la medida y le permite al oficialismo un respiro luego de meses de estar a la defensiva, según lo reflejan los primeros sondeos de opinión sobre el tema.

En este terreno, el efecto más notorio fue la descompresión del affaire Ciccone, que pone la lupa sobre Amado Boudou. El vicepresidente tuvo una semana tranquila, pese a que el Gobierno concretó la impresión de billetes en esa empresa cuya vinculación con el titular del Senado investiga la Justicia.

Además, Boudou logró que el Consejo de la Magistratura iniciara una investigación sobre el comportamiento del juez de la causa, Daniel Rafecas, metiéndole presión a su desempeño futuro.

En un segundo orden, la avanzada oficial sobre YPF obligó a la oposición a sentar postura e inevitablemente a fragmentar su posicionamiento frente al Gobierno, que a su vez logró una corriente de simpatía con la medida de sectores que van del centro a la izquierda del arco político argentino.

El tercer efecto es obvio pero no hay que dejar de mencionarlo: una decisión de corte nacionalista como la estatización de YPF -una empresa simbólica para el país- genera apoyo interno pero también recriminaciones externas. La diplomacia española se movió rápidamente en Europa y los Estados Unidos.

Pero vamos paso a paso: una encuesta que midió el impacto social de la expropiación de YPF fue encargada por el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, lógicamente en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, donde una mayoritaria porción de la población viene dando muestras de que no es kirchnerista.

Sin embargo, el resultado del sondeo obligó a Macri a suavizar las duras críticas que había hecho a la expropiación de YPF cuando se conoció la medida, el lunes pasado. ¿Por qué? Simple: El 46 por ciento de los consultados manifestó estar de acuerdo con la determinación del Gobierno nacional.

Otro 34,4 por ciento dijo estar en contra, mientras que el 19,7 por ciento restante no tenía aún opinión formada. El mismo trabajo muestra que el 34,8 por ciento de los encuestados cree que el Gobierno manejará YPF "mejor" que la gestión privada y el 35,6% que la manejará "peor".

Además, los resultados de la encuesta señalan que el 42,7 por ciento considera que la expropiación afectará "de manera positiva" la economía del país, mientras que el 37,2 cree que el impacto será negativo. Con estos números a la vista, Macri salió a aclarar que mantendría YPF en el Estado si llegara a la Presidencia.

DEBATES EN LA OPOSICION

Una postura menos pragmática adoptó la Unión Cívica Radical en el Congreso. Allí, los diputados y senadores se encerraron a debatir crudamente la postura que adoptarían a la hora de la votación parlamentaria y decidieron acompañarla en general, aunque con disidencias en particular.

El senador mendocino Ernesto Sanz lo explicó así: "Nosotros queremos ser alternativa de poder. Y si volvemos a ser gobierno, nos gustaría recibir a YPF dentro del Estado". También manifestó su apoyo el diputado Fernando "Pino" Solanas, un vocero incansable contra la privatización de los recursos petroleros.

Los socialistas, la mayoría de ellos nucleados en el Frente Amplio de Hermes Binner, también apoyan la expropiación y votarán el proyecto del Gobierno en el Congreso, mientras que los peronistas opositores siguen privilegiando su aún despareja pelea con el kirchnerismo por el liderazgo del Justicialismo.

Así las cosas, está claro que a nivel interno el Gobierno logró el efecto esperado con la expropiación de YPF. Aunque en el frente externo España tomó la delantera ante una llamativa ausencia de la diplomacia argentina. Recién este viernes el ministro Julio De Vido viajó a Brasil para llevar tranquilidad a Petrobras.

Pero más allá de las amenazas de España, está claro que en estos casos el mundo suele reaccionar privilegiando lo material frente a lo conceptual: ¿O acaso alguien duda que el hueco que deja Repsol no será ocupado por otras compañías petroleras, como la francesa Total, si les garantizan un buen negocio?