Denuncian que no hay centros acordes para los chicos en situación de riesgo

Por Facundo Bañez

El caso de A.D, el chico de 13 años por el que su madre pidiera una internación días atrás, volvió esta semana a escribir un nuevo capítulo. Luego de que el menor fuera alojado en una clínica de Junín para tratar su adicción a las drogas y de que un defensor oficial de menores de La Plata presentara un amparo debido a las malas condiciones del lugar, la Justicia local -mediante una audiencia realizada en el juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº1 de La Plata- resolvió un nuevo traslado para el chico, por considerar que la clínica Ferromed -el lugar donde estaba internado- no reunía las condiciones necesarias para un tratamiento acorde. La resolución judicial no sólo agregó novedades a una historia que se escribe desde hace tiempo. También evidenció el problema de fondo y la gran duda que tiñe la cuestión: ¿en qué condiciones, realmente, se encuentran los lugares destinados a tratar a menores en situación de riesgo?

Uno de los que escucha la pregunta es el juez Luis Arias, a cargo de disponer el nuevo traslado de A.D. Y su respuesta es contundente: “Pese a las reformas -dice-, los tratamientos que reciben los chicos son iguales a los de hace cuarenta años. Medicación y aislamiento, nada más. El caso de A.D es paradigmático, y las pésimas condiciones de Ferromed no son más que el ejemplo de una situación que sufren a diario cientos de menores en nuestra provincia”.

un caso, mil historias

A.D, recordemos, viene protagonizando traslados e internaciones desde hace tiempo. Su madre, que es viuda y mantiene un hogar con otros cuatro menores en Altos de San Lorenzo, acudió a este diario días atrás para pedir que el Estado interne a su hijo, dado que ella, relató con desesperación, estaba desbordada y temía no sólo por la vida de su hijo sino por la posibilidad concreta de que él, víctima de su adicción, pudiese matar a alguien.

Tras ese pedido, la Secretaría de Niñez y Adolescencia bonaerense decidió internar al menor en la Clínica Psiquiátrica Ferromed, un centro que el propio titular de esta cartera, Sebastián Gastelú, definió como “una de las mejores clínicas del país”.

Sin embargo, el defensor oficial ante el Fuero de Responsabilidad Juvenil, Julián Axat, presentó a los pocos días un amparo en el que aseguró que ese centro era “un lugar no adecuado a su situación de salud, sin abordaje terapéutico real, y hasta en condiciones degradantes para su persona”.

Ese amparo se basaba en un informe -acompañado por fotos- que le fue enviado desde Junín por su colega de esa jurisdicción, Silvio Echarri, quien precisó que A.D fue alojado en “una habitación de aislamiento, sin poder salir de allí, excepto para recibir la alimentación (...) sin contar con baño propio y pasando mucho frío por las noches”. Echarri visitó la habitación y, pese a lo asegurado por los funcionarios bonaerenses, la describió en su informe como de “pésimas condiciones de habitabilidad, limpieza o higiene, iluminación, calefacción y ventilación, sin baño propio y lugar adecuado para descansar. En pleno período invernal no cuenta con calefacción; es más, en la parte superior de la pared que da hacia el exterior posee un ventiluz totalmente abierto, sin vidrio o cerramiento alguno”.

En su presentación ante Arias, por su parte, Axat recordó un fallo del propio juez en el cual se señaló que a pesar de los hospitales para niños y los Centros Públicos de Atención (CPA) para el tratamiento de adicciones que hay en el territorio bonaerense, “se advierte la falta de una institución adecuada” a la cual puedan ser derivados los chicos “para su rehabilitación o asistencia, de acuerdo con el derecho de todo niño al disfrute del más alto nivel posible de salud”.

Todo lo dicho por Axat fue confirmado por Arias, aunque desde la propia Secretaría ponen aún hoy ciertos reparos al analizar el fallo que dispuso el inmediato traslado del menor. “No compartimos el diagnóstico que se hace de Ferromed pero aceptamos lo que resuelva la Justicia -dijo Gastelú-. La internación de menores en casos psiquiátricos no es una ciencia exacta y somos respetuosos de quienes crean que puede haber un lugar mejor para un chico como A.D, pero cada caso esconde una particularidad y no podemos creer que toda internación es un encierro o que toda medicación es un castigo”.

Ejemplo de miles de historias anónimas, A.D es uno de los tantos chicos que protagonizan las mil y una penurias de ser pobre y sufrir una adicción en suelo provincial, aunque ese juicio bien puede ampliarse al resto del país.

En la Provincia, según datos difundidos esta semana por la Secretaría de Niñez y Adolescencia, hay algo más de 500 chicos internados bajo tratamiento, los cuales están repartidos en las 6 clínicas infanto juveniles de salud mental que operan bajo el ala del gobierno bonaerense y en las casi 20 comunidades terapéuticas que funcionan en el territorio provincial.

A la hora de evaluar las condiciones de estos lugares, y pese a que desde el Ministerio de Salud bonaerense se prefirió el silencio y evitar así cualquier referencia al tema, personal de la propia Secretaría reconoce fallas estructurales que vienen de años. “Hasta ahora todos los cambios que se hicieron en minoridad no se notan”, asegura Sergio Bustos, presidente de la Asociación de Personal con Funciones Jerárquicas de la Provincia y quien todos los días convive con nenas de once, doce o trece años que, producto de la marginalidad y la miseria, luchan por buscar un horizonte no sólo para ellas sino también para sus hijos.

reclamos que crecen

Mientras desde el ámbito judicial se multiplican los cuestionamientos y quienes atienden la problemática reconocen una situación que lejos está de ser la ideal para los chicos en situación de riesgo, no llama la atención que el viernes pasado, a los pocos días de disponerse el traslado de A.D, se presentara un amparo pidiendo la creación de un servicio público de salud mental para los niños y adolescentes de la Provincia.

En la presentación judicial, concretamente, se reclama una audiencia pública de carácter “urgente” con el Ejecutivo bonaerense para crear nuevos mecanismos en el tratamiento y seguimiento de casos de chicos con problemas de adicciones, en el ámbito de competencia del Hospital de Niños de La Plata y que se termine “con el costoso modelo tercerizado que impera hoy en la Provincia”.

Al tanto del aluvión de críticas y denuncias, Gastelú asegura que “lo importante es que estemos sentados todos en la misma mesa y podamos hablar, como ocurrió en la audiencia por el caso de A.D. Podemos tener opiniones y diagnósticos distintos, pero estoy seguro que todos queremos lo mejor para los chicos con patologías adictivas”.

La de A.D, como ya se dijo, es una historia anónima por la obligación de resguardar su identidad pero repetida hasta la tragedia en los barrios de la periferia local y en distintos centros como Ferromed. Basta con una simple recorrida por los juzgados de menores para comprobar que el problema, pese a las reformas tan anunciadas en minoridad, se torna cada vez más tangible.

“La situación es cada día peor -sentencia Arias-, y lo es porque no hay una voluntad política para solucionarla”. En nuestra provincia funcionan 300 centros de día y 250 hogares convivenciales que, según estimaciones, reciben a más de 150 mil chicos.

Los números sin historias tal vez no digan mucho. Salvo que el problema está. Y que crece. Y que, como dice Arias, se agrava porque no hay aún una decisión real, lúcida o contundente para resolverlo.

A juzgar por la realidad, debe ser cierto