Se debe reforzar la vigilancia policial en defensa del patrimonio de las escuelas

Una vez más una escuela de nuestra Región -en este caso la Primaria N° 8- se vio sometida al accionar de delincuentes, que se dedicaron a causar serios destrozos y robos en distintos sectores, aún cuando en esta oportunidad no fue necesario suspender las clases que se dictan para más de 800 alumnos. Pero el episodio resultó especialmente preocupante para la comunidad educativa ya que hace pocos días sufrió un ataque similar la Escuela Secundaria básica N° 9 que comparte el edificio.

No extrañó, por cierto, que los padres de los alumnos, luego de que se comprobara que los malvivientes habían sustraído elementos de audio, un dispenser de agua, un caloventor y violentado matafuegos y buzones pertenecientes a la cooperativa, hubieran reclamado mayores medidas de seguridad. Una de las medidas que se adoptarán, según se informó, es la reparación de una reja que separa a ambos establecimientos educativos. También se encararía aumentar la altura del paredón que da a la calle a la altura de la Secundaria 9.

Se ha dicho siempre y cabe repetirlo ahora que, además de las pérdidas materiales que se registran, estos episodios vandálicos causan perjuicios más trascendentes que los de naturaleza estrictamente económica. Desde luego que, el primero de ellos es la pérdida de días de clases para los estudiantes, medida a la que no hubo que apelar, afortunadamente, en esta oportunidad.

La situación es bien conocida por las distintas comunidades educativas, muchas de ellas compelidas a enfrentarse en reiteradas ocasiones contra este verdadero flagelo. Es obvio que tal situación inquieta también a las autoridades educativas provinciales, que son las que funcionalmente deben actuar para garantizar la existencia en los colegios de mobiliarios y equipos, además de dotar a los edificios de todos los elementos de seguridad necesarios.

Está claro que lo primordial reside en el accionar policial que debería desplegarse en torno a cada una de las escuelas. La vigilancia sobre los edificios educativos debiera ser continua y eficaz, contándose para facilitar ello, además, con la segura colaboración de los vecindarios que valoran y defienden a las escuelas instaladas en ellos.

Tal como se ha señalado ya en esta columna, más allá de las alarmas que puedan colocarse y de otras medidas preventivas que las escuelas puedan adoptar -así como de reiterar que existe otro tipo de accionar, vinculado más a un difuso y muy cuestionable estado de inconducta juvenil que al dolo propio de los actos delictivos- es verdad que la comunidad educativa toda debe también tomar conciencia de la trascendencia de los bienes espirituales y materiales que caracterizan a las escuelas.

Pero ello no exime de reclamar a la Policía que se redoble la vigilancia en torno a las escuelas. La reiteración de estos robos y actos vandálicos perjudica a la educación misma, causa perjuicios importantes y constituye, además, un agravio hacia el conjunto de la sociedad.