Crece un plan de la UNLP para ayudar a familiares de presos

Docentes y alumnos de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) ayudan -desde hace 7 años- a los familiares de personas detenidas en cárceles provinciales. Desde el “Centro de Orientación y Asistencia para Familiares de Detenidos” (COFam) asesoran en cuestiones jurídicas, económicas, sociales o asistenciales a esposas, padres o hijos de quienes fueron privados de su libertad.

Como parte de un proyecto de Extensión universitaria, profesionales y estudiantes crearon este “espacio de contención que pretende ayudar a reorganizar la dinámica del grupo familiar de aquellas personas que tienen un familiar preso”, explicó la licenciada, Anatilde Senatore, directora de la propuesta. En la región de La Plata hay entre 5.000 y 7.000 detenidos en unidades penitenciarias, informaron en la casa de altos estudios.

10 unidades penales

El Centro intenta atender la demanda de los familiares de detenidos en lo que se denomina “área capital”, integrada por 10 unidades penales en las cuales se alojan detenidos procedentes mayoritariamente de la zona del Conurbano bonaerense y el gran La Plata.

La redefinición de los roles en el seno familiar, la discriminación en el barrio, cómo abastecer los requerimientos mínimos del grupo, las dudas judiciales, el mecanismo penitenciario cuando se visita el familiar detenido, la reinserción en el hogar de quien estuvo detenido, su nuevo rol, son algunas de las variadas problemáticas que se tratan en este espacio.

El equipo de trabajo en el Centro estará formado por 12 personas, entre graduados y estudiantes de las carreras de Trabajo Social, Psicología y Derecho.

restitucion

Los extensionistas también participan del Programa Estratégico de Restitución de Derechos de los Niños alojados en la Unidad 33 del Servicio Penitenciario Bonaerense. En este caso, el grupo de la UNLP, ayuda a mujeres detenidas con sus niños.

Senatore comentó que “hasta el momento se consensuó un Protocolo de Ingreso, Permanencia y Egreso de los chicos”. La normativa se elaboró conjuntamente con el Servicio Penitenciario y los organismos del Estado responsables del área de niñez.

Según la licenciada, “no se visualiza la gravedad del problema de los niños profundamente afectados por la detención de sus padres, con escaso o nulo resguardo por parte de familias devastadas por la pobreza y los problemas derivados de ella”.

La profesional también remarcó que el COFam “suscribió el amparo que denuncia la situación de vulnerabilidad de los derechos de niños y adolescentes frente a la desidia oficial sobre el tema. Consideramos necesario acompañarlos en la orientación de cuáles son sus derechos”.