Jugada de altos riesgos

“Es un asunto de Estado, no de plata”, dicen que le dijo Daniel Scioli a Cristina Kirchner hace unos días, cuando le pidió una reunión para tratar ese “asunto”.

Juran también los que están al tanto del “asunto” que la Presidenta le prometió al Gobernador que se reunirían. Pero las mismas fuentes advierten que esa circunstancia podría modificarse y Cristina podría terminar tratando el tema -y asumiendo una decisión- a través de “otros”.

La que Scioli busca concretar por estos días es una movida política fuerte, de alta incidencia institucional, con final imprevisible en el marco de la guerra abierta entre la Rosada y la Gobernación.

En la tregua precaria que registra esa pelea, Scioli intenta una apuesta mayor: colocar a un hombre propio -el titular de Seguridad y Justicia, Ricardo Casal- en la codiciada Fiscalía de Estado de la Provincia y, dividiendo ese ministerio, ofrecerle al kirchnerismo un acuerdo sobre la conducción de las áreas que más le cuestionan desde la Rosada (Seguridad y Justicia, claro).

La Fiscalía de Estado no es un área más del esquema institucional de la Provincia. Es un cargo vitalicio y sus dictámenes son fundamentales para llevar adelante licitaciones, compras y contratos, entre otras operaciones clave de la Administración provincial.

Y Casal no es una pieza más en la pelea Rosada-Gobernación, kirchnerismo-sciolismo, o como se la quiera rotular. Es el funcionario más cuestionado: por las políticas de su megaministerio, por su rol como responsable político de la Policía, por la situación en las cárceles..., entre otros puntos de una lista interminable de críticas K.

Está claro, por lo tanto, que los diseñadores de esta estrategia sciolista no pueden ignorar que el objetivo de llevar a Casal a la Fiscalía de Estado- tiene altas probabilidades de no superar la barrera del ultrakirchnerismo, que manda allí donde deben aprobar o rechazar la propuesta del Gobernador para ese cargo: el Senado bonaerense.

No está, en cambio, para nada claro que cuestionar la conducción de Seguridad y Justicia sea para el ultrakirchnerismo -para la Rosada en particular- sinónimo de querer involucrarse en los resultados de semejante tarea colocando hombres propios en esos ámbitos.

Por eso, la estrategia diseñada en laboratorios de la jefatura de Gabinete de la Provincia, amén de resultar incomprensible para más de un político entrenado en las complejidades del peronismo, abre algunos interrogantes clave.

¿Quién será finalmente el nuevo fiscal de Estado? Por lo pronto, su designación no se puede demorar. Ya se venció el plazo estipulado por la Constitución para cubrir la vacante. Si Casal no pasa el filtro K, la Gobernación podría volver a su primera “idea”: impulsar la designación del fiscal adjunto y ahora a cargo interinamente del organismo, el radical Hernán Gómez, a quien el propio Scioli le dijo hace tres semanas que le interesaba “su continuidad”. Podría, también, reconsiderar una candidatura promovida desde La Juan Domingo, algunos intendentes y sectores del peronismo bonaerense, la del ex senador Federico Scarabino, otro malquerido por los sectores ultra K que, no obstante, podría contar con importantes apoyos. O podría recurrir a un “tapado”. ¿El ministro de Trabajo, Oscar Cuartango?

¿Y si fracasa la apuesta de llevar a Casal a la Fiscalía de Estado, se dejará todo como está en Justicia y Seguridad?

Para el sciolismo resultaría tan capital ubicar a ese funcionario de confianza en aquel organismo como liberarlo de su actual cargo, estando como está bajo el fuego por granado y persistente del ultrakirchnerismo por las políticas de Seguridad.

En pocas semanas más, la comisión del Senado que investiga la investigación del crimen de Candela Rodríguez presentará el informe que pidió el propio vicegobernador, Gabriel Mariotto desde el convencimiento de que se produjeron gravísimas irregularidades tanto desde “la máxima conducción policial como desde las áreas políticas” con responsabilidad en la causa. Algunas fuentes sostienen que las conclusiones de los senadores serán “suaves”. Otras, aseguran que, al margen de ellos, se prepara un informe basado centralmente en “datos” aportados por la Secretaría de Inteligencia de la Nación, que resultaría demoledor para Casal.

Por lo tanto, si fracasa la apuesta de llevar a Casal a la Fiscalía de Estado, podría fracasar en rigor toda la movida, que podría implicar, en consecuencia un alto costo para la Gobernación, en el marco de la pelea política con la Rosada.

Una movida que, por lo demás, ha sido puesta en marcha en las mismas horas en que dejó -con polémica- el gabinete la única funcionaria nítidamente K, la titular de Educación Silvina Gvirtz, en un escenario signado, sin embargo, más por la crisis financiera de la Provincia que por las diferencias políticas y en la que el temor a la dimensión que pueda alcanzar el “ajuste” se terminó de instalar en la Administración.