Sindicalización policial, un debate que ya asoma en la Provincia

La protesta de suboficiales de la Prefectura Naval y de la Gendarmería Nacional en reclamo de mejoras salariales y las réplicas que esas medidas tuvieron a nivel provincial, donde un grupo de efectivos de la Policía bonaerense se instaló desde el miércoles pasado frente al edificio del ministerio de Seguridad para hacer oír planteos de mejoras salariales y de condiciones laborales, reabrió un debate hasta ahora muy subterráneo en la Legislatura.

Es que la reacción de un grupo de uniformados de la Bonaerense también reavivó el viejo reclamo para que se avance en el reconocimiento del derecho de los uniformados a contar con una representación sindical, que viene siendo impulsado por sectores de la fuerza ya desde fines de la década del ‘80.

UN VIEJO RECLAMO

En rigor, a nivel provincial hay varias organizaciones que, con matices, vienen cumpliendo el rol de sindicatos policiales aunque sin reconocimiento formal del Estado. Uno de los más grandes es el Sindicato de Policía Bonaerense (Sipoba), que nuclea según estimaciones de sus dirigentes a unos 6 mil de los 57 mil miembros de la fuerza, con inscripción gremial en trámite.

Su titular, Luis Tonil, explicó que “el expediente está en la Corte nacional, ya que el ministerio de Trabajo no inscribió el sindicato por una cuestión de forma, pero no resolvió el fondo”.

Tanto oficialistas como opositores alientan proyectos orientados a otorgar cobertura gremial a los uniformados

Lo cierto es que la protesta de las fuerzas de seguridad nacionales y el rebote bonaerense volvieron a poner en el centro de la escena una serie de proyectos elaborados por legisladores provinciales del oficialismo y la oposición que, con matices, apuntan al reconocimiento de derechos laborales para los miembros de la Bonaerense y que serán el eje del debate que se instalará en las próximas semanas en la Cámara de Diputados.

El próximo martes, de hecho, ingresará al cuerpo un proyecto de ley firmado por el diputado de Unión Celeste y Blanco y ex comisario de la Bonaerense Guillermo Britos, que plantea la creación de la figura del “defensor” policial.

La norma estipula que el “ómbudsman” de la Bonaerense será un funcionario designado por el Ejecutivo, sin dependencia orgánica ni administrativa del ministerio de Seguridad, que tendrá, entre otras, facultades para la defensa de los derechos laborales de los policías de la Provincia.

En efecto, el proyecto de Britos incorpora artículos a la Ley 13.482 para crear esta figura “que tendrá la responsabilidad de garantizar el debido proceso legal en Asuntos Internos, ejercer la defensa del personal y admitir reclamos por parte de efectivos referidos a horarios laborales, asignación de destinos, estado de elementos de trabajo, equipamiento y eventuales errores en la liquidación de salarios”. Además, deberá asistir a los policías que presenten denuncias de corrupción o incumplimiento en los deberes de funcionarios por parte de otros miembros de la fuerza.

Britos, que antes de su alejamiento de la Bonaerense se desempeñó como jefe de la Departamental de Lanús, una de las más “calientes” del Conurbano, asegura que el proyecto que impulsa plantea una instancia de representación de derechos para los policías de la Provincia dentro de la estructura del Estado. Pero afirma que está dispuesto a acompañar cualquier iniciativa que plantee la sindicalización de la Bonaerense “siempre y cuando priorice la seguridad pública en el aspecto del derecho a la huelga, que es un tema muy complejo”.

El proyecto, dice Britos, contaría con el respaldo de otros bloques opositores y con el aval del presidente de la Comisión de Seguridad Iván Budassi (FpV) para que empiece a ser debatido en ese marco.

Uno de los que ya salió a marcar posturas en este debate fue el titular del bloque de diputados del FAP, Marcelo Díaz. “La justa recomposición salarial de las fuerzas de seguridad nacionales traerá similares reclamos en las provincias. Debemos sindicalizarlas en el marco de la Organización Internacional del Trabajo”, destacó.

PROYECTO K

En rigor, en la Legislatura ya hay otras iniciativas que plantean directamente el reconocimiento de los sindicatos policiales. Uno de los principales impulsores de esa propuesta es el diputado y ex titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria Marcelo Saín, quien integra el bloque kirchnerista de Nuevo Encuentro. Saín, que fue funcionario del ministerio de Seguridad provincial durante la gestión de Juan Pablo Cafiero, elaboró un proyecto en este sentido, aunque por el momento no lo ingresó formalmente al cuerpo.

Según detalló, la iniciativa tiene como principal objetivo el reconocimiento pleno de los derechos laborales y de negociación colectiva por haberes y condiciones de trabajo. “La sindicalización apunta al derecho fundamental a la agremiación libre y a la negociación colectiva con la patronal, que en este caso es el Estado”, destacó.

En ese marco, Saín detalló que la iniciativa “no tiene que ver con el derecho a huelga. Todo el mundo está muy atraído con la idea de qué pasaría con una Policía, que es una burocracia armada, haciendo uso del derecho a la huelga. Para nosotros, eso es insignificante, aunque yo soy partidario de que lo puedan tener con la limitación clara de lo que es un servicio básico”.