Necesidad de reaccionar frente a la preocupante realidad del trabajo infantil

La detección de niños trabajando en establecimientos de diverso tipo de localidades ubicadas sobre la costa atlántica, como quedó verificado en las inspecciones realizadas por el ministerio de Trabajo bonaerense, no hizo más que corroborar la persistencia de una realidad penosa y preocupante que compromete y obliga a la sociedad adulta, pero esencialmente a las autoridades, a reaccionar frente la existencia de una clase de sometimiento incivilizado, que se traduce para los más pequeños en un indignante fenómeno de virtual esclavitud frente al cual se encuentran indefensos.

En este caso las inspecciones detectaron la presencia de adolescentes menores de 16 años trabajando en supermercados, dedicados a embolsar productos en línea de caja. Los menores dijeron realizar esa actividad los siete días de la semana, durante cinco horas diarias y recibiendo como paga propina de los clientes. Pero no se trata solamente de un problema “estacional” ni de un único rubro de actividad, debido a la mayor demanda de mano de obra que genera en algunas regiones la temporada de vacaciones y turismo. Por el contrario, cabría recordar que a principios del año pasado se conoció un informe divulgado por la Universidad Católica Argentina, que puso de relieve que el 17 por ciento de chicos y adolescentes de entre 5 y 17 años de edad, que viven en ámbitos urbanos, trabajan en nuestro país.

Al margen de estos y otros estudios, sólo alcanzaría con una simple observación para constatar la presencia de numerosos chicos, algunos de ellos de muy baja edad, sometidos a trabajos penosos, como los de acompañar y ayudar a quienes recogen basura en los carritos -cuando no ocuparse ellos solos de esa actividad- o desplegando supuestas destrezas en las esquinas u ofreciendo cualquier producto a cambio de unas monedas, en distintos tipos de tareas que, como se ha dicho, realizan en la vía pública, a la vista de todos. Y periódicos operativos de inspecciones revelan que también se utiliza mano de obra infantil en empresas fabriles de diversas ramas de producción y en las explotaciones rurales.

Esos chicos y jóvenes suelen no estar escolarizados y muchos de ellos son apartados de sus familias, para reducirlos a servidumbre a cambio de ofrecerles alimentación, ya sea por parte de particulares o de falsas instituciones u hogares de supuesta contención de menores que, aprovechándose del completo desamparo de esos niños, terminan sometiéndolos a cumplir con trabajos forzados.

Ya ha sido dicho reiteradamente en esta columna, pero debe insistirse: combatir este flagelo es un imperativo moral y, por supuesto, una de las obligaciones prioritarias del Estado, castigándose a quienes resulten responsables de tan gravoso delito.

La tarea, compleja y dificultosa por cierto, exige una coordinación de esfuerzos y el diseño de estrategias elaboradas. No se trata de apuntar únicamente a inspecciones o controles de las carteras laborales o de los entes municipales -que resultan, desde luego, indispensables- sino también al desarrollo de programas de integración social para los chicos y de concientización entre los padres.