Las provincias sufrirán el ajuste por el impuesto a las Ganancias

Luego del anuncio del Gobierno nacional de una suba del 20% en el monto mínimo no imponible del impuesto a las ganancias aplicado a los ingresos de personal en relación de dependencia, el efecto fiscal no sólo se sentirá a nivel nacional sino que las provincias en su conjunto dejarán de percibir 3.900 millones de pesos.

A este resultado llega un trabajo de la consultora Economía & Regiones, que destaca la merma en la recaudación del impuesto no sólo se sentirá en la baja de los recursos recaudados por el Estado nacional, sino que por lo tanto, habrá menores transferencias de recursos automáticos a las provincias en concepto de coparticipación federal de impuestos, precisamente en momentos en que los Estados provinciales tienen mayores dificultades para cerrar sus cuentas públicas y en momentos en que están abiertas complicadas negociaciones paritarias. Según el trabajo, en términos fiscales, la pérdida de recaudación del impuesto a las ganancias de personas físicas sería de 8.171 millones de pesos, equivalentes al 5% de la recaudación anual presupuestada para dicho gravamen.

PROVINCIAS Y NACION

Y mientras el Tesoro Nacional resignaría unos $ 1.736 millones, la Anses dejaría de percibir $ 2.395 millones, la Afip resignaría $155 millones, el conjunto de provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, recibirían $ 3.678 millones menos en concepto de Coparticipación, a lo cual se agregan unos $ 207 millones por la reducción en el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Vale destacar que de los $3.678 millones que no se percibirían, unos $ 483 millones corresponden a recursos a girarse a los municipios de cada jurisdicción. Las elevadas necesidades de financiamiento previstas para el consolidado provincial ($35.000 millones) hacen que esta caída de los recursos provinciales profundice el déficit fiscal en más de un 10%, con la consecuente necesidad de ampliar las fuentes de financiamiento y/o ajustar la estructura de erogaciones

A este resultado se llega por el intento de moderar las pautas de reclamo salarial de los distintos gremios de la economía, y respaldado en las mejores perspectivas recaudatorias (+30% previsto para este 2013 contra +26% del 2012). La caída en la recaudación abarca a las retenciones aplicadas a las rentas de la cuarta categoría del segmento de personas físicas y se efectivizará a partir del mes de marzo, aunque su implementación es retroactiva al 1º de enero pasado.

La medida representa una singularidad en la dinámica del impuesto, dado que desde 2006 en adelante, las actualizaciones se implementaron con posteridad al cierre de las paritarias, poniendo en evidencia

que durante 2013, el Gobierno Nacional intentaría contener los aumentos salariales, utilizando esta variable como ancla anti-inflacionaria. De alguna manera, se buscaría compensar el menor control sobre la política cambiaria (hasta aquí el único “lastre” para la suba de precios), en tanto que la evolución del gasto público y de la base monetaria mantendrían las fuertes expansiones observadas en 2012, privilegiando su impacto potencial sobre la tasa de crecimiento económico aún a costa de una mayor presión sobre el nivel de precios.

Según Economía & Regiones, con todo, la actualización del impuesto se ha quedado “corta”, dado que no contempla los aumentos salariales o la inflación acumulada en 2012, y apenas alcanzaría a cubrir las subas salariales de este año.

Cabe señalar que la política de saltearse un ajuste del mínimo no imponible se verificó también en 2009, es decir, junto a 2012, los años de peor performance económica del modelo, cuando la caída o estancamiento

del nivel de actividad redujo el flujo recaudatorio y el ejecutivo decidió no ajustar los valores para evitar un mayor drenaje de recursos.

Ahora bien, el diferencial de crecimiento entre los aumentos salariales acumulados en 2012/13 (con una baja de 50%) y el aumento del 20% en el mínimo no imponible seguirá siendo “base imponible” para el cobro del impuesto a las Ganancias, con lo que el Fisco Nacional continuará absorbiendo del sector privado más recursos de lo esperable.

En teoría, estos ajustes anuales deberían acompañar el crecimiento de los salarios y/o de la inflación, para evitar que un número cada vez mayor de empleados quede “atrapado” por el gravamen (implicando que un importante porcentaje de los aumentos salariales sean apropiados por el Estado Nacional) y también para reducir el impacto sobre el ingreso real.