Provincias: ¿elecciones sin competidores?

Por JULIA POMARES Y LUCIANA POLISCHUK (*)

¿ Qué tienen en común el municipio de Vicente López en la Argentina y la ciudad de Boston en Estados Unidos? Recientemente, el intendente de Boston dio -como todos los eneros- su discurso de apertura del año, en el que contó sus prioridades de gestión. El intendente Tomás Menino, del partido Demócrata, dio su discurso número 20, es decir que cumplió 20 años en el cargo. Tiene 70 años y no está bien de salud, pero todo parece indicar que se presentará por última vez a la reelección ya que no tiene contendientes a la vista. Si lo hace, tiene muy altas probabilidades de ser elegido y cumplirá 24 años de gestión. La misma cantidad de años que estuvo a cargo del municipio de Vicente López Enrique García, que se retiró en 2011. Ocurre que así como en Boston es muy difícil ganarle al oficialismo, también lo es en varios municipios del conurbano de la provincia de Buenos Aires y en muchos gobiernos provinciales. Y se plantean los interrogantes. ¿Es el resultado de excelentes desempeños en el gobierno? ¿Corren con ventaja los que son oficialistas?

DECADAS SIN ALTERNANCIA

En las provincias argentinas, la alternancia es cada vez más limitada. En siete de las 24 provincias no hay sucesión partidaria desde 1983: Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Neuquén, San Luis y Santa Cruz. En otras tres -Corrientes, Catamarca y Santiago del Estero-, los cambios de signo político ocurrieron sólo después de una intervención federal.

Además, para los partidos de la oposición volver a ocupar el gobierno en las provincias es un desafío cada vez más difícil de alcanzar. En 2011, 22 de los 24 distritos eligieron gobernador y sólo en Río Negro y Catamarca hubo alternancia.

La alternancia en el ejercicio del poder es un elemento constitutivo de la democracia. Los actores tienen las mismas posibilidades de ocupar el gobierno y, en el periodo siguiente, de ser oposición, y en ese marco las elecciones funcionan como una instancia de rendición de cuentas. Si existen alternativas reales, hay incentivos para hacer bien las tareas, mientras que en el escenario contrario, las instituciones democráticas se debilitan.

En las provincias argentinas, sin embargo, (como también parece ser el caso de la ciudad de Boston), el sólo hecho de ser gobierno brinda al partido un beneficio electoral per se.

Este rédito se llama ventaja del oficialismo. Y si se combina con otros factores, como la falta de límites al uso proselitista de los recursos públicos, se potencia.

“En siete de los 24 distritos no hay sucesión partidaria desde 1983. Y en 2011, sólo en dos cambió el signo político del gobierno”

El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) analizó los resultados de las elecciones a gobernador desde 1983 hasta la actualidad y relacionó el desempeño electoral de los oficialismos con el contexto institucional y económico social de cada distrito. Y el estudio reveló que la cancha se inclina cada vez más a favor del oficialismo y, en algunas provincias, la sucesión en el gobierno es un horizonte borroso.

SIN RENDICION DE CUENTAS EN LAS URNAS

Como resultado de estas situaciones, las elecciones pierden importancia como instancia de rendición de cuentas porque dejan de ser el momento en el que se premia o castiga el desempeño del partido que ocupó el gobierno. Se vuelven menos desafiantes para el oficialismo.

Con el paso del tiempo, las elecciones definidas por diferencias superiores al 20% de los votos aumentaron de manera consistente. Y en el 2011, de hecho, se produjo la mayor proporción de victorias de partidos oficialistas desde la democratización: 91%.

En este contexto, las instituciones se encuentran más vulnerables al uso partidario. No es casual, por ejemplo, que la mayoría de las provincias argentinas no regule el uso de la publicidad oficial en época electoral. Sólo la ciudad de Buenos Aires y las provincias de Córdoba, Santiago del Estero y Santa Fe tienen una ley sobre el financiamiento de campañas electorales con límites, aunque parciales, al uso de la publicidad del Estado.

Para la provincia de Buenos Aires, donde la ventaja del oficialismo es importante, esto es una deuda pendiente. Si bien la legislación sobre partidos políticos restringe los sujetos que pueden realizar aportes partidarios, no existen topes a los recursos para las campañas y tampoco al uso de publicidad oficial. Estas regulaciones por sí solas no son suficientes, pero el vacío normativo mina la equidad en la competencia electoral.

La falta de alternancia y de competitividad en las elecciones es perjudicial para la salud de las instituciones democráticas. Impulsa a los oficialismos a mantener el statu quo y condiciona la visualización de la oposición como alternativa real. El poder hegemónico modera la supremacía real del oficialismo.

Si la competencia carece de competidores, entonces su sentido se desvanece: el vencedor no gana por ser el mejor sino porque la cancha está inclinada a su favor.

(*) Directora y analista, respectivamente, del Programa de Política y Gestión de Gobierno del CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) www.cippec.org @CIPPEC