La Provincia quiere prohibir la venta de armas de fuego a civiles

FRENTE AL DELITO, LA PROVINCIA PRETENDE FRENAR VENTA DE ARMAS

Tras reconocer que “la gente tiene pánico” ante la violencia delictiva, el gobierno bonaerense anticipó ayer que impulsará una ley para prohibir la venta de armas de fuego a civiles. Así lo afirmó el ministro de Justicia y Seguridad Ricardo Casal, quien insistió además con la puesta en vigencia de la normativa que limita las excarcelaciones cuando los detenidos porten armamento, suspendida por una resolución de la Suprema Corte.

Casal justificó el proyecto que, dijo, piensa enviar a la Legislatura, al señalar que “hay que sacar las armas definitivamente, tanto de los delincuentes como de aquellas personas que tienen una en su casa pensando que pueden defenderse con ellas, porque sino no vamos a poder construir una sociedad en paz”.

“La gente tiene pánico, porque un delincuente armado es un delincuente que mata y no le importa la vida” dijo Casal. Y añadió: “Hay que sacar las armas definitivamente, tanto de los delincuentes como de aquellas personas que tienen una en su casa pensando que pueden defenderse con ellas, porque sino no podemos construir una sociedad en paz”, indicó.

El ministro de Justicia y Seguridad anticipó además que insistirá en la Legislatura para “lograr la puesta en vigencia de la ley de desarme, de pacificación”, impulsada por el gobernador Daniel Scioli. “Cuando hay homicidios en ocasiones de robos, la gente tiene temor de que le pueda pasar a ellos y tienen razón. Hay que estar del lado de la vida y de la gente”, enfatizó.

DETENCIONES

En ese contexto, precisó que en el último mes 890 personas fueron detenidas con armas en su poder y que “al 60% ni siquiera se le pidió los antecedentes criminales. Y sólo 81 quedaron detenidos, mientras que el resto quedó en libertad inmediata”.

Casal reconoció luego que “se ha agravado la violencia con armas, porque el que tiene un arma no pasa nada. Eso es lo que se ve. Más 800 armas secuestradas en 25 días y seguimos. Evidentemente hay que ponerle un coto”. E insistió: “Hay que sacarle todas las armas a los delincuentes para poder vivir en paz”.

En relación a la ley que limita las excarcelaciones, que fue tildada de inconstitucional por organismos de Derechos Humanos, el ministro sostuvo que “por ahora está suspendida, pero vamos a lograr su puesta en vigencia para terminar con esta situación”. Es que, en efecto, el alto tribunal hizo lugar a una medida cautelar pedida por varias entidades que frenó su aplicación hasta tanto la Corte se expida sobre la cuestión de fondo, es decir, la constitucionalidad del proyecto sancionado a instancias de Scioli por la Legislatura.

Pero ahora el gobierno provincial anunció que irá por más y directamente presentará un proyecto para establecer “la prohibición absoluta de la compra, tenencia y portación de armas de fuego por parte de civiles”.

“Hay que sacar las armas definitivamente”, manifestó Casal, quien consideró que “cuando hay desprecio por la vida, el valor jurídico de la protección entra en crisis”.

CIFRAS PREOCUPANTES

Según expresó el ministro, en 2012 creció el 22% el uso de armas de fuego para la comisión de robos. Y dijo que hubo otro incremento del 10% del uso de armas de fuego para los homicidios.

“Casi dos terceras partes de los homicidios se cometen con armas de fuego. Y la misma proporción se da en relación a los motivos: el 63% de los casos deriva de conflictos entre personas conocidas, del mismo barrio, de la misma familia, del mismo entorno laboral”, acotó. “En menos de tres meses murieron 214 personas por el uso de armas de fuego”, sostuvo.

“Hoy 214 personas ya no están, se las privó de futuro, familia, sueños, en suma, de su propia existencia. Un segundo, una bala, puso fin a todo”, concluyó Casal.

OTRAS MEDIDAS

Por otra parte, Casal anticipó que la Provincia adoptará otras medidas vinculadas al uso de armas.

“Incluiremos en todo proceso por amenazas o violencia familiar la obligatoriedad de secuestrar las armas objeto de las amenazas o existentes en el hogar”, dijo el funcionario. Y señaló, en ese marco, que “vamos a potenciar la política de desarme y entrega voluntaria de armas así como la destrucción rápida de todas las incautadas judicialmente”.