Frente a una de las peores catástrofes de la Provincia

EL GOBERNADOR SCIOLI CON LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ PROVINCIAL DE CRISIS, EL JUEVES, DANDO A CONOCER UNA EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN SOBRE LA CATÁSTROFE EN LA PLATA

Por MARISA ALVAREZ

La Provincia atraviesa por estas horas una de las mayores catástrofes de su historia. Una lluvia torrencial se llevó 51 vidas en su capital -en la ciudad devastada por la tragedia, aún en pleno duelo desde donde se trata de escribir estas líneas. Las autoridades están todavía actuando sobre el drama en carne viva de miles de víctimas. Se estima que 35 mil casas fueron destruidas o seriamente dañadas. Treinta y cinco mil hogares en los que se perdió todo. Muebles, ropa, recuerdos. “Todo” lo que constituía la vida -en mejores o peores condiciones- de unas cien mil personas. Está bien, entonces, que las autoridades estén todavía enfrascadas en las urgencias. Pero resultará imprescindible que apenas superadas estas horas aciagas se revisen los resortes del Estado que no funcionaron o lo hicieron muy mal durante la catástrofe. Terminar de una vez con la apuesta al olvido hasta la próxima vez. Porque la diferencia entre la eficiencia y la ineficacia de la acción del Estado en estas circunstancias es la que hay entre la vida y la muerte.

Los sistemas de reacción y acción ante catástrofes que, se supone, tienen todos los estamentos gubernamentales -nacional, provincial y municipal, y que deberían tener previsto cómo actuar coordinadamente ante eventos extraordinarios que superan la capacidad individual de cada uno de ellos-, fallaron en la noche del martes mientras barrios enteros de la Ciudad de La Plata quedaban bajo el agua.

Es cierto que se trató de un fenómeno climático sin precedentes en la región devastada y seguramente en el país todo. Llovió, en cinco horas, cuatro veces más de lo que llueve en un mes de abril. Y que en minutos las calles se convirtieron en ríos correntosos y adentro de las casas ya había más de medio metro de agua.

Pero justamente por eso muy rápidamente se supo que los rescates de las personas atrapadas sólo podía realizarse con vehículos muy altos -que sólo el Ejército tiene- y, fundamentalmente, con botes. Y sin embargo, esos elementos fueron aportados por organismos públicos recién cerca del amanecer. Cuando ya estaba todo jugado. Y perdido.

El pomposamente llamado comité de crisis que integró a funcionarios de organismos nacionales, provinciales y de la Comuna, comenzó a funcionar recién en la mañana del miércoles. Cuando ya se podía actuar sólo sobre las consecuencias. En la noche del martes y la madrugada del miércoles, mientras se desarrollaba la tragedia -mientras se podían salvar vidas-, las autoridades municipales (que además reaccionaron con visible desorganización como se evalúa aparte) sólo pudieron contar con la asistencia de policías y bomberos, que hicieron lo que pudieron. Casi Nada. La mayoría de los botes que se vieron en esas horas fueron de vecinos que se largaron por su cuenta a rescatar familiares o amigos. Ningún organismo nacional ni provincial de acción en catástrofes actuó ni aportó recursos vitales en la noche trágica de La Plata. Los gomones del Ejército llegaron para sacar gente atrapada cuando el agua ya había comenzado a bajar y el peligro de muerte había pasado. “El Estado”, en definitiva, no rescató a (casi) nadie.

En el plano político-institucional, la tragedia sí consiguió un milagro. Reunir a la Presidenta y el Gobernador, después de meses de apenas decirse “hola” en actos protocolares. Pero tampoco fue el reencuentro del siglo. Apenas diez minutos, en los que no se abordaron más que cuestiones vinculadas al manejo de las consecuencias de la catástrofes. Para otra ocasión quedaron los temas que el Gobernador quiere hablar con la Presidenta: una ayuda financiera de la Nación paliativa del gravísimo déficit de la Provincia.

Por lo pronto, los gobiernos nacional y provincial definieron los planes y medidas de ayuda a las víctimas de la inundación, e hicieron los respectivos anuncios, por separado. Y en algunas de esas medidas -como los créditos para refaccionar las viviendas- se superpusieron.

En rigor, los gobiernos nacional y provincial reaccionaron con rapidez para actuar sobre las secuelas de la crisis de la inundación -no en la crisis-, aunque suele resultar más eficaz, y por ende mejor para los beneficiarios de sus decisiones, que coordinen todas sus acciones, en especial los planes de asistencia.

Y un capítulo central que las autoridades de todas las jurisdicciones públicas deberán abordar apenas superadas las urgencias de la catástrofe será, por supuesto, la evaluación de las obras que eventualmente puedan evitar la reiteración de tragedias de esta magnitud. Algunas deben ser encaradas por el Municipio y otras -como las vinculadas con los arroyos- por la Provincia y algunas, por su magnitud y costos, superan las posibilidades de esas jurisdicciones y deberían ser financiadas por la Nación.