Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Temas del día:
Buscar
Opinión |ESTO QUE PASA

Un proyecto que modifica al país

14 de Abril de 2013 | 00:00
LA REFORMA JUDICIAL ABSORBIÓ TODA LA ACTIVIDAD DEL CONGRESO ESTA SEMANA
LA REFORMA JUDICIAL ABSORBIÓ TODA LA ACTIVIDAD DEL CONGRESO ESTA SEMANA

Por PEPE ELIASCHEV

Twitter: @peliaschev

Cristina Fernández tenía 13 años cuando el dictador militar Juan Carlos Onganía limitó de facto los amparos judiciales en la Argentina. La ley 16.986 publicada en el Boletín Oficial el 20 de octubre de 1966 fue una de las herramientas de la llamada Revolución Argentina que confirmaba la matriz eminentemente fascista del régimen instalado el 28 de junio de 1966 tras el derrocamiento del gobierno constitucional de Arturo U. Illia.

Firmada por el dictador Onganía junto a su ministro del Interior Enrique Martínez Paz y el de Justicia, Conrado Etchebarne (h), esa “ley” 16.986 estipulaba en su artículo 2º que una acción de amparo no será admisible cuando “la intervención judicial comprometiera directa o indirectamente la regularidad, continuidad y eficacia de la prestación de un servicio público, o el desenvolvimiento de actividades esenciales del Estado”. Ordenaba además que no sería acatado un pedido cautelar si la demanda no hubiese sido presentada dentro de los quince días hábiles a partir de la fecha en que el acto fue ejecutado o debió producirse. En términos cuartelarios, dictaminaba en el artículo 3º de esa medida que “Si la acción fuese manifiestamente inadmisible, el juez la rechazará sin sustanciación, ordenando el archivo de las actuaciones”. Finalmente, para reducir a lo simbólico una herramienta tan decisiva en la defensa de las garantías constitucionales, el artículo 15º subrayaba que “el recurso deberá interponerse dentro de 48 horas de notificada la resolución impugnada y será fundado, debiendo denegarse o concederse en ambos efectos dentro de las 48 horas. En este último caso se elevará el expediente al respectivo Tribunal de Alzada dentro de las 24 horas de ser concedido. En caso de que fuera denegado, entenderá dicho Tribunal en el recurso directo que deberá articularse dentro de las 24 horas de ser notificada la denegatoria, debiendo dictarse sentencia dentro del tercer día”. O sea: la idea era suprimir la institución del amparo, a tambor batiente y a marcha redoblada.

REPETICIONES

Casi medio siglo después, la Argentina vuelve a las andadas en contra del estado de derecho. Lo grave es que ahora lo que un régimen militar intentó tras suprimir las garantías constitucionales, será puesto en vigencia por una administración civil de origen electoral. “Para quienes crean que este desastre no los afecta, una pésima noticia: con una Justicia dominada, cualquier gobierno hará lo que quiera, cualquier cosa será posible porque no habrá juez que se atreva a desafiar o a aplicarle la ley al Supremo para defender a la gente” advirtió Alejandro Fargosi, integrante del actual Consejo de la Magistratura.

La limitación brutal de las medidas cautelares de amparo es una de las dos herramientas más letales de la llamada “reforma judicial” descerrajada por Cristina. La otra es la conversión del Consejo de la Magistratura en una corporación política partidaria y la cancelación de todas las facultades administrativas de la Corte Suprema. Si la ley kirchnerista fuese promulgada, pasarían a manos del Consejo “popular” de la Magistratura todas las chequeras. Ese Consejo de la Magistratura ampliado con la elección política consejeros reclutados en listas partidarias tiene un solo destino, una virulenta politización del organismo.

Si bien el artículo 114 de la Constitución Nacional de 1994 subraya el “equilibrio” que debe tener el Consejo de la Magistratura entre los tres ámbitos principales que lo integran (legisladores, jueces y abogados), ahora el cristinismo quiere que sea configurado con seis “académicos y científicos”, cuando ahora hay sólo uno, o sea la misma cantidad de legisladores (oficialistas y opositores), el doble de los representantes de jueces y abogados. En resumidas cuentas: seis congresistas y seis “consejeros populares”, contra apenas seis juristas. La Casa Rosada quiere sumar seis nuevos consejeros a los 13 actuales, para llegar a 19, con lo cual el Gobierno alcanzaría fácilmente la mayoría dentro del cuerpo: los seis “académicos” incorporados se sumarán a la lista de los partidos políticos. De este modo, con dos senadores y dos diputados oficialistas, más el representante del Ejecutivo, Cristina dispondría de 11 de los 19 integrantes.

PALANCAS

Estas dos palancas alcanzan y sobran, el resto es irrelevante, maquillaje y nada más. Pero el objetivo oficial es inconfundible: es imposible negar que el Gobierno desoye, cuestiona y estigmatiza la división de poderes ordenada por la Constitución que los propios Néstor y Cristina Kirchner votaron en 1994. Aun cuando el Gobierno ahora desempolva una ley de la dictadura militar de 1966-1973 que pulverizaba de hecho una institución democrática tan esencial como las medidas cautelares de amparo judicial, los voceros oficiales pretenden equiparar a la Justicia actual con la dictadura implantada en 1976.

“Antes, el correctivo era el golpe militar. Ahora, la Justicia es la prolongación de la política por otros medios; se quiere gobernar con las sentencias”, explicitó el senador cristinista Marcelo Fuentes. Pero según el radical Ernesto Sanz, “para el Gobierno, los jueces se convierten en demonios cuando fallan en su contra. Comparar a los militares golpistas con jueces que dictan sentencias es un exceso y un acto de sinceridad brutal del kirchnerismo”; la embestida contra la Justicia se inició “cuando los jueces empezaron a emitir fallos contra el Gobierno”. Como portavoz de Cristina, Fuentes había dicho que “cada vez que se limitan privilegios, se afectan intereses. Antes, el correctivo era el golpe militar. Ahora, la Justicia es la prolongación de la política por otros medios; se quiere gobernar con las sentencias. Un ejemplo es la confrontación estratégica contra la ley de medios”. Las palabras oficiales fueron auto incriminatorias. “Lo que manifiesta el senador Fuentes revela qué opinión tiene sobre la Justicia independiente el kirchnerismo. Los militares del Proceso no tienen nada que ver con esto. Los jueces que dictan sentencia contra el Gobierno fueron elegidos por la democracia, por este Consejo de la Magistratura y son legítimos”, aclaró Sanz. Mucho más desprejuiciada resultó la inefable Diana Conti, para quien ocupar el Poder Ejecutivo implica manejar los otros dos poderes. “Este gobierno lo único que quiere es tener cada vez más poder. Está empachado de poder”, remató Sanz.

Pero si para el Gobierno, esta Justicia de 2013 es lo mismo que la Junta de Comandantes en Jefe de 1976, para el fiscal en el juicio que terminó exitosamente con la condena de los dictadores, Julio Strassera, el proyecto sobre reducción de los amparos es peor que el de Onganía en 1966 y el resultado será sólo uno: “el Estado va a acumular más poder”. Para Strassera, “la Presidenta es una megalómana que no tiene vergüenza, porque ella misma dijo en oportunidad de modificarse el Consejo de la Magistratura (en 2007) que era un órgano elefantiásico, y redujo los miembros para ahora aumentarlos. Se pretende hacer de la Justicia un apéndice del Poder Ejecutivo, como lo es el Congreso. Es el disparate más grande. Esta Presidenta hizo lo mismo que Onganía, que limitó por ley las medidas cautelares. Ella ha hecho lo mismo que Onganía y se titula demócrata. El que queda indefenso (con estas medidas) es el particular. El Estado es todopoderoso”.

Strassera es radical. Jorge Yoma, que es peronista, no piensa muy diferente: “lo que busca el Gobierno es la eliminación de la Justicia”. Como para el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, el neuquino Fuentes, es “una pelotudez” sostener que el Gobierno busque una “Justicia adicta”, Yoma estuvo de acuerdo: “concuerdo con Fuentes, no buscan una Justicia adicta, directamente lo que busca el Gobierno es la eliminación de la Justicia”. Yoma, actual presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, fue embajador de Kirchner en México durante el primer mandato.

FRONTALIDAD

Cuando Fargosi sostiene que “estamos ante el colofón de esta década kirchnerista, que busca la desaparición de la Justicia como poder independiente”, no habla desde un alarmismo vacío. Para él, lo único que le importa al Gobierno es que “el Poder Judicial podría frenar el ‘vamos por todo’, o sea la chavización de nuestro país. Basta ver el caso venezolano, donde junto con los jueces constitucionales se fueron las libertades de la gente”. Subraya un aspecto gravísimo y que ha pasado casi inadvertido: al eliminar el requisito de ser abogado y tener antigüedad, el proyecto oficial “llega al absurdo de que quienes elijan jueces no podrían ser ellos mismos jueces. Esto viola tanto a los artículos 14 y 114 de la Constitución como al más elemental sentido común”.

“Terminada la independencia de la Justicia no sólo desaparecerá la división de poderes sino algo más esencial: nuestra libertad” presagia Fargosi, para quien el proyecto para cautelares convierte al Estado “en un ente omnímodo y maoísta al que cada argentino debe tributar mansamente, sin derecho a defenderse”. ¿Anuncios sin fundamentos y pronósticos exageradamente ominosos? Fargosi asegura que “si nos rendimos, se quedarán con todo”. La historia del mundo y de la Argentina ofrece muchos ejemplos de sociedades y clases dirigentes que marcharon despreocupadamente rumbo al liberticidio y luego nos les alcanzó la vida para arrepentirse.

www.pepeeliaschev.com

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional

$120/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $1870

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional

$160/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $2880

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$120.-

POR MES*

*Costo por 3 meses. Luego $1870.-/mes
Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla