Consejo de la Magistratura, con impacto en la elección

Por MARIANO PEREZ DE EULATE

La oposición venía oliendo la posibilidad cierta de asestarle un golpe electoral al kirchnerismo en los comicios de octubre, de la mano de las recientes sospechas por supuestos casos de corrupción y de una economía con evidentes signos de fatiga. Pero le surgió un problema a resolver que se convirtió, debido a la situación de atomización que muestra el arco político no oficialista, en un escollo notable para alcanzar ese objetivo: la ley que modificó varios aspectos vinculados a la Justicia y que introdujo la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura.

Según la norma, este año aquella elección debe realizarse junto a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, la denominadas P.A.S.O, pautadas para agosto.

Ahora, pues, los opositores no sólo tiene que ver cómo dejan los egos de lado y cierran las alianzas electorales más convenientes para enfrentar al oficialismo sino que, además, deben buscar la fórmula para impedir que luego de ese comicio nuevo, imprevisto, el kirchnerismo se quede con el manejo del estratégico organismo que designa y remueve a los jueces.

LOS PLAZOS

La ley aprobada estipula que las alianzas políticas deben estar presentes en 18 de los 24 distritos en los que se divide el país para poder pegar su lista de candidatos a consejeros de la Magistratura con la de postulantes a diputados y senadores. Lo dice en el artículo 18º.

No es verdad, como se interpretó en un primer momento, que sólo el kirchnerismo quedó habilitado como único oferente a presentar postulantes en ese nuevo rubro que se elige. Lo que sí es cierto es que, hasta el momento, el Frente para la Victoria es el único espacio político que jugará con esa denominación en todas las provincias y por lo tanto tendrá una notable ventaja en caso de que ninguna otra oferta opositora logre unificar su estrategia en, al menos, 18 jurisdicciones.

Lo explicó recientemente el Centro para la Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), en un trabajo con la firma de Gerardo Scherlis: “No es cierto que los partidos deban tener reconocimiento en 18 distritos para poder presentar candidatos a consejeros. Pero sí es condición que la alianza se presente bajo el mismo nombre en 18 provincias, aún cuando los partidos que la integren en cada jurisdicción puedan variar. Los que no concurran en 18 distritos con una agrupación de igual nombre, podrán presentar candidatos a consejeros en una lista separada, pero que no podrá adjuntarse a la lista legislativa”.

Esto, obviamente, representa una desventaja enorme ya que impide aprovechar el llamado efecto “arrastre” de la lista principal, que generalmente lleva a los candidatos más renombrados o con mayor nivel de conocimiento en el electorado.

He ahí la primera trampita que introdujo la picardía kirchnerista en el Congreso. La segunda es, digamos, más estratégica: la Casa Rosada pretende nacionalizar una elección que en realidad iba a ser un comicio por distritos, sabiendo que en los de mayor caudal de votantes el oficialismo parte de posiciones débiles, según las encuestas de intención de voto que se conocen hasta el momento.

“Cualquiera de los más de 30 partidos de orden nacional está en condiciones jurídicas de presentar boletas de consejeros. El problema es que para adherirlas a las boletas legislativas, deben lograr que en 18 distritos éstas se presenten con la misma etiqueta”, explicó en su sitio web el politólogo Andy Tow. Obviamente esto va a requerir un enorme trabajo de construcción política que hoy parece complicado. La fecha tope para presentar las alianzas es el 12 de junio.

ESTRATEGIAS

La primera estrategia opositora será, obviamente, cuestionar la constitucionalidad de la ley en sede judicial. Existen grandes esperanzas de que finalmente sea la Justicia, en el escalón de la Corte Suprema de la Nación, la que voltee la reforma que votó el Congreso y que la afecta directamente. Pero se impone, por el apremio de los tiempos y por si acaso, un Plan B.

Inevitable, empezaron a escucharse diferentes posturas respecto a lo que hay que hacer. Están los que dicen que la oposición debería abstenerse para vaciar de legitimidad la elección de los miembros del Consejo (caso Luis Juez). Están los que aseguran que cada fuerza o alianza debe tener sus propios candidatos a la Magistratura (caso PRO). Y están los que piensan que, en el capítulo de los consejeros, el arco no kirchnerista debe homologar candidatos y presentar una sola lista –un frente unificado- en todos los distritos aunque presente propuestas separadas en el capítulo legislativo (Ricardo Alfonsín, Patricia Bullrich, Alfonso Prat Gay y demás).

Es decir que, según esta última tesis, la UCR, el PRO, el PJ anti-K, el FAP y demás, tendrían una boleta común y única con candidatos idénticos y bajo un frente nacional con el mismo nombre pero sólo para el consejo de la Magistratura. En esta estrategia cobran especial relevancia los nombres de los postulantes, que no deberían ser figuras con identidades partidarias definidas sino hombres que gocen de prestigio académico o social. Fuentes que están en esas conversaciones, devotas de los paralelismo históricos, definieron esa estrategia con la siguiente frase: “Necesitaríamos un Piña”.

Se trata del obispo emérito de Puerto Iguazú, Joaquín Piña, quien en el año 2006 encabezó un frente opositor al gobernador de Misiones, Carlos Rovira, en la elección de convencionales constituyentes que había sido convocada para reformar la Constitución provincial e introducir la figura de la reelección indefinida. Aquella vez, la caída del mandatario misionero en manos de la ponderada figura del sacerdote también aniquiló otros experimentos reeleccionistas que se estaban incubando, incluso el del entonces presidente Néstor Kirchner, posteriormente desmentido.