El Gobierno sostuvo que el fallo de la Corte es una "afrenta al pueblo"

El jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, definió hoy como "una afrenta al pueblo argentino" el fallo de la Corte Suprema contra la reforma del Consejo de la Magistratura impulsada por el Gobierno, mientras que el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, sostuvo que la resolución del máximo tribunal “desconoce la voluntad popular expresada en el Congreso de la Nación”.

“Consideramos que los argumentos que se han esgrimido en contra de la democratización de la Justicia son débiles, no sólo desde el punto de vista técnico sino que son absolutamente peligrosos desde el punto de vista político, porque lesionan los principios y valores fundamentales de la democracia", dijo Abal Medina, y agregó que "quienes así no lo entienden indiscutiblemente le tienen temor al voto de la gente, a la expresión del pueblo".

"Le temen, en definitiva, al ejercicio de la soberanía popular”, sentenció.

El jefe de ministros calificó de “inconcebible que, habiendo cumplido nuestra democracia ya 30 años, algunas instituciones todavía mantengan una visión retrógrada, propia de otros siglos”, y sostuvo que “algunos parecen amarrados con todas sus fuerzas a mantener históricos privilegios, consolidados siempre a espaldas de los argentinos mientras que si hay algo que está en el corazón de esta nueva ley es privilegiar el principio de la soberanía popular”.

Abal Medina negó que la ley impulsada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner lesionara la independencia del Poder Judicial respecto del Ejecutivo, como denunció la oposición y diversas entidades.

"Cuando se sostienen este tipo de argumentos se quiere confundir a la ciudadanía. Por eso es importante insistir en que el propósito de la nueva ley es modificar el proceso de elección de los consejeros, los cuales forman parte de un órgano de gobierno y no desempeñan funciones judiciales, a diferencia de los Jueces para los cuales se mantiene el mismo proceso de selección, de modo que la independencia está garantizada", afirmó.

Y agregó: "Mientras desde la sociedad civil y aquellos que tenemos representación popular y responsabilidades de gestión pública construimos una patria cada vez más democrática, las elites corporativas se esfuerzan por mantener su poder, aun a costa de lesionar las instituciones democráticas".

Además, el funcionario manifestó que "los argentinos queremos participar, elegir e ir a una democracia cada vez más plena, pero las corporaciones prefieren esconderle las urnas al pueblo. Y cuando el pueblo no decide, quienes lo hacen, indefectiblemente, vuelcan la balanza contra los intereses populares".

Abal Medina remarcó que "no estamos aludiendo a cuestiones abstractas, estamos hablando de la vida de la gente, porque cuando algún poder del Estado argentino le ha dado las espaldas, son los 40 millones de argentinos y fundamentalmente los sectores más vulnerables, los que pagan con calidad de vida la impunidad de unos pocos". Por su parte, el ministro Alak manifestó que el fallo de la Corte “desconoce la voluntad popular expresada en el Congreso de la Nación”.

“Los jueces, los abogados y los académicos seguirán eligiéndose entre sí, y por sí mismos, para acceder a un cargo de funcionario público”, señaló el funcionario, y advirtió: “En el dilema sufragio universal o voto calificado, se optó por el voto calificado”.

“Respetaremos el fallo de la Corte aunque no estemos de acuerdo, pero es importante tener en cuenta que el primer intérprete de la Constitución es el Congreso, donde está expresada la voluntad popular, que es a la que nos debemos”, dijo.

En ese sentido, el ministro explicó que la Corte tiene la facultad de controlar la constitucionalidad de las normas dictadas por el Parlamento, de la que da cuenta el voto de mayoría en este caso, pero recordó que, históricamente, el propio máximo tribunal “ha reconocido que existen materias reservadas al poder político, las cuales no son justiciables. Esta es una de ellas”, aseveró.

En declaraciones radiales, el ministro subrayó que "la sociedad quiere una justicia independiente, incluso de sí misma, y no una que privilegie sus intereses corporativos por sobre el bien común"