Se fugan dos militares condenados por lesa humanidad

El ex mayor Jorge Olivera. Había sido condenado a perpetua en San Juan hace 20 días

Los represores sanjuaninos Antonio Olivera y Gustavo De Marchi, condenados hace 20 días en el marco del primer juicio por delitos de lesa humanidad en esa provincia durante la última dictadura, escaparon anoche del Hospital Militar de Buenos Aires.

Así lo confirmaron fuentes policiales, quienes detallaron que Olivera y De Marchi se encontraban presos en el Penal de Chimbas, aunque habían pedido ser trasladados al Complejo Penitenciario Federal Nº2 para realizarse estudios médicos en el Hospital Militar de la Capital Federal.

Una vez que llegaron al lugar, escaparon en medio de una situación que es investigada por personal penitenciario y de la Policía.

Olivera recibió una condena a cadena perpetua, mientras que De Marchi fue condenado a 25 años de prisión, al cabo del primer juicio por delitos de lesa humanidad realizado en San Juan.

Junto a estos dos represores, también fueron sentenciados otros cinco: Osvaldo Martel y Julio Nieto, a cadena perpetua; Francisco Del Torchio y Daniel Gómez, a 25 años de prisión; y Víctor Lazo, a 10 años de cárcel.

Mientras tanto, el Gobierno suspendió hoy a los responsables de la división de traslados del Servicio Penitenciario Federal y pidió a la justicia una exhaustiva investigación tras la fuga.

Ambos detenidos habían sido trasladados ayer al Hospital Militar Central de Buenos Aires por personal de Seguridad y Traslados del Servicio Penitenciario Federal para cumplir con tratamientos médicos previamente autorizados por la justicia.

Según un comunicado del ministerio de Justicia, De Marchi y Olivera "fueron entregados al personal del hospital, en la sala de atención que ese nosocomio dispone en el tercer piso para detenidos por delitos de lesa humanidad". Desde ese momento, se desconoce el paradero de ambos.

El Servicio Penitenciario Federal ordenó el pase a disponibilidad (suspensión) de oficiales y agentes penitenciarios responsables de la División Traslados y Seguridad y también inició un sumario administrativo. A su vez, el gobierno presentó una denuncia penal ante la justicia federal "para que se investigue enprofundidad la fuga de los detenidos".

Algunos aspectos relacionados con el traslado de los detenidos llamaron la atención de los funcionarios.

"Los detenidos presentaban una patología que por sus características podrían haber sido asistidos en el lugar donde se encontraban detenidos ya que no existía riesgo de vida. No obstante ello, esta institución dio acabado cumplimiento a la manda judicial, la que se presenta como injustificada, de dudosa fundamentación y carente de racionalidad", expresó el ministro de Justicia, Julio Alak.

Alak también pidió se investigue al personal del Hospital Militar "ya que el mismo no colabora operativamente ni en la adopción de recaudos de seguridad...no es posible descartar que personal del mencionado hospital haya incluso prestado colaboración, toda vez que un familiar de Olivera cumple funciones en el referido".

Ambos condenados ya habían estado prófugos de la justicia, antes de su condena.El ministerio de Justicia ofreció una recompensa de 100.000 pesos para quienes brinden datos sobre los prófugos