La raíz política de la inseguridad

GRANADOS, EL NUEVO MINISTRO DE SEGURIDAD BONAERENSE

Por Mariano Spezzapria Twitter: @mnspezzapria

En la provincia de Buenos Aires acaba de asumir un nuevo ministro de Seguridad. En Córdoba fueron eyectados el responsable del área y el jefe de policía. En Santa Fe pasó lo mismo este año. A nivel nacional, ya se había registrado la derrota del garantismo encarnado por Nilda Garré, a quien la Presidenta suplantó por el hiperactivo Sergio Berni, un ex militar al que le gusta mostrarse en “el campo de batalla”. Para su jefe formal, Arturo Puricelli, quedó la tarea de escritorio.

Por cierto no es casual que, en un año electoral, se produzcan tantos movimientos en los ministerios dedicados al combate de la inseguridad. Las Primarias de agosto funcionaron como una gran encuesta en la que los ciudadanos plantearon sus demandas y quedó reflejada la angustia colectiva ante cierto estado de desprotección frente a la delincuencia. El problema incluye a las fuerzas policiales, pero ante todo obedece a crudos motivos sociales, económicos y políticos.

DIAGNOSTICO

Las razones de fondo son por demás conocidas y hasta se podría afirmar que existe un diagnóstico similar sobre ellas pese a las naturales diferencias conceptuales e ideológicas que conviven en una sociedad. En materia política, sin embargo, se abre un abismo de mezquindad entre los dirigentes que dificulta al extremo el surgimiento de una línea coherente a través de los años. Al contrario, los gobiernos pergeñan salidas transitorias para tratar de afrontar las urgencias del momento.

Alejandro Granados gobernó el municipio de Ezeiza los últimos 18 años. Por eso nadie podría discutir que es un hombre acostumbrado a tomar decisiones. El 68% de los vecinos de ese distrito le dio su aval el pasado 11 de agosto, entre otros motivos, por su política de seguridad. ¿Pero puede un solo funcionario hacerse cargo de semejante “hierro caliente” como si fuera un salvador? La respuesta cae de madura: no tendrá éxito si no involucra a los intendentes y a la Legislatura.

El flamante ministro de Seguridad bonaerense ya se reunió con los jefes comunales de la Tercera Sección Electoral -todos ellos oficialistas, incluido el candidato Martín Insaurralde- pero aún no tomó contacto con los de la Primera, donde ejerce supremacía el Frente Renovador massista. Se espera que lo haga esta semana, mientras define la grilla de sus colaboradores políticos y policiales: es muy comentada por estas horas su amistad con el ex jefe de la Bonaerense Juan Carlos Paggi.

El gobernador Daniel Scioli marcó el territorio al ratificar en la jefatura de la fuerza a Hugo Matzkin, quien había sido pasado a retiro por Paggi antes de que lo rescatara Ricardo Casal, ahora sólo ministro de Justicia tras la sanción de la Ley de Desdoblamiento. De todos modos, Granados ubicaría como su hombre de confianza en la cúpula policial al comisario inspector Francisco Rupnik, actual jefe distrital de Ezeiza, junto a quien desarrolló el sistema de cuadrículas.

“Soy un hombre del fútbol y el equipo que gana no se toca”, suele afirmar Granados. El que se vio obligado a mover el banco de suplentes, en cambio, fue el gobernador de Córdoba en medio del escándalo en que quedó envuelta la Policía provincial por los supuestos vínculos de altos mandos con una red de narcotráfico. José Manuel de la Sota está convencido de que el caso fue detonado por los servicios de inteligencia -civiles y militares- que trabajan a la orden de la Casa Rosada.

Pero el gobernador mediterráneo -uno de los principales dirigentes del peronismo no kirchnerista- no pudo desconocer que los vínculos de algunos policías con narcos de la región generan dudas entre la población. Una acusación similar había afrontado el Gobierno socialista de Santa Fe, que también debió relevar al jefe de policía y al ministro de Seguridad. Aunque la embestida del kirchnerismo no tuvo rédito electoral, a juzgar por la amplísima victoria de Hermes Binner.

En medio del descalabro, asomaron dos propuestas que resultan interesantes para mejorar el enfoque de la seguridad pública: De la Sota pidió que el jefe de la División Narcotráfico de la Policía sea designado con aval de la Legislatura, mientras que el FAP de Buenos Aires reclamó que el titular de la Bonaerense sea nombrado con el consenso de los senadores y diputados provinciales. En este contexto, el debate sobre la edad de imputabilidad sólo provocó más ruido político.

Aunque más desesperado que Insaurralde se lo vio al intendente de Tres de Febrero, Hugo Curto, quien se calzó un chaleco antibalas para participar de un operativo policial en su distrito. No es para menos, porque el jefe comunal -considerado uno de los pocos “barones” del Conurbano que quedan del viejo aparato duhaldista, luego asimilado por el kirchnerismo- perdió por 15 puntos con el massismo. Muy cerca de allí, en San Miguel, resultó sugestiva la reaparición de Aldo Rico.

El intendente Joaquín de la Torre, miembro de la mesa chica del Frente Renovador, ya lo había derrotado en 2011 -cuando Rico fue candidato de Eduardo Duhalde- y ahora le negó una lista colectora del FR, pese a lo cual el ex militar apareció en medios cercanos al Gobierno declarando su apoyo a Massa. Justo cuando en la Casa Rosada agitaban el fantasma golpista, al ex “carapintada” se le ocurrió afirmar que le resulta “indiferente” si la Presidenta llega al final de su mandato.

La llama política de Rico se apagó hace rato, entre otros motivos porque fracasó en su propia área de acción -la seguridad- cuando fue ministro del gobernador Carlos Ruckauf, aquel de la célebre frase “hay que meterle bala a los delincuentes”. Los bandazos bonaerenses fueron tantos que, en la misma cartera que ocupó Rico por sólo cuatro meses en 1999, tuvo luego un lugar preponderante Carlos Arslanián, uno de los jueces que condenaron a las Juntas Militares, de línea garantista.

Los ministros de Seguridad responden, en rigor, a las órdenes del gobernador de turno. Y éstos, a su vez, se mueven según se proyecte su relación con el Gobierno nacional. Se sabe que Scioli mantuvo una política resistida por el kirchnerismo sobre la Policía bonaerense, aunque esas diferencias internas no fueron suficientes para que los ciudadanos lo desvincularan del descrédito que pesa sobre la Casa Rosada en la materia. Y ahora, Granados llegó con la bendición presidencial.

Cristina Kirchner dijo ayer -en una inusual entrevista con la Televisión Pública- que “el poder político es el que menos poder tiene”. La definición de la Presidenta supuso una crítica al poder económico nacional e internacional -habló de la subordinación de países como la Argentina por el peso de la deuda externa y el desequilibrio del comercio con las potencias-, machacando sobre la misma idea de “los titulares y los suplentes” que esgrimió tras la derrota en las Primarias.

Pero lo cierto es que el poder político tiene capacidad para imprimir la dirección del país y las provincias. Esa atribución se expresa, como en ningún otro lado, en el presupuesto asignado a las distintas áreas de la administración. El proyecto para 2014 que acaba de presentar el Poder Ejecutivo en el Congreso -con el objetivo de votarlo antes del 27 de octubre- dispone más recursos para el pago de la deuda (9%) que para la provisión de la defensa y la seguridad (5,4%).

Las contradicciones entre el discurso y la praxis gubernamental nunca estuvieron tan expuestas.