Suman a agencias de seguridad privada para combatir el delito

GRANADOS Y LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA, DURANTE LA FIRMA DEL CONVENIO

El gobierno bonaerense avanzó ayer con la instrumentación de uno de los aspectos incluidos en la emergencia en Seguridad. Con la premisa de potenciar las tareas de prevención del delito, firmó ayer un convenio con las agencias de seguridad privada por el que los vigiladores estarán obligados a alertar a la central de emergencias 911 cuando presencien un hecho delictivo o estén frente a una situación sospechosa de terminar en un ilícito.

El convenio fue firmado por el ministro de Seguridad, Alejandro Granados, con los representantes de las entidades que nuclean a prestadoras de seguridad privada. Así, la Provincia estará en condiciones de sumar unos 50 mil vigiladores a las tareas de prevención.

La rúbrica del convenio, como se dijo, forma parte de otra de las acciones tendientes a combatir el delito que incluye la emergencia en seguridad declarada el 5 de abril por el gobernador Scioli.

Por este convenio, los agentes de seguridad privada tendrán ahora la obligación de comunicarse al 911, ante el caso de conocimiento de un delito.

De la firma participaron representantes de las cámaras Upsra, Caesi, Caesba, y Careseb.

Granados remarcó que la voluntad del gobierno provincial es “brindar a los vecinos la seguridad que se merecen y por eso avanzamos también con este sector, para que sea protagonista y haga un importante aporte”.

En tanto, el sector privado también expresó el compromiso con la seguridad. Alfredo Casareto, representante de la Cámara Regional de Empresas de Seguridad del Sudoeste Bonaerense, afirmó que “el sector participará activamente” para contribuir a frenar el delito.

Asistieron además Aquiles Gorini (Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigaciones), Walter Schmith (Cámara de Empresas de Seguridad de Buenos Aires) y Angel García (Sindicato Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina).

En el artículo 9 del decreto firmado por el Gobernador, se establece que las empresas prestadoras de servicios de seguridad y su personal realizarán tareas “en carácter de auxiliares” de las fuerzas de seguridad.

Además, tendrán la “obligación” de comunicar de manera inmediata a la Policía “toda situación que implique un riesgo para la integridad física de las personas y los bienes”.

El texto de la normativa también dispone que el ministerio de Seguridad adopte las medidas para la implementación de un sistema de alerta “geo referenciado”.