Indefiniciones legislativas, mientras la ola delictiva no da respiro a la población

Una vez más se conocen informaciones acerca de la intención del oficialismo en la Provincia de apurar en la Legislatura el trámite de sanción del proyecto de ley para la creación de las policías comunales, procurándose acordar y generar consenso entre los sectores que presentan objeciones a esta iniciativa.

Se trata, como se sabe, de una norma cuyo texto se relaciona íntimamente con el candente problema de la seguridad en la Provincia, jaqueada en los últimos tiempos por una ola delictiva que no da respiro a la población.

Según se informó ahora, los legisladores afines al Gobierno bonaerense trabajan internamente en las distintas comisiones por las que pasará el proyecto, previéndose asimismo una serie de reuniones con intendentes del Conurbano y del interior provincial así como con organizaciones no gubernamentales.

Como se sabe, uno de los puntos principales del desencuentro pasa por el financiamiento. Si bien el texto del proyecto determina que la Provincia proporcionará los fondos para los salarios de los 15 mil agentes, distribuidos en distritos de más de 70 mil habitantes, los intendentes alientan dudas acerca de que, en la práctica y en el futuro, esos recursos se encuentren disponibles de manera constante, de modo que buscan que la futura norma prevea un mecanismo automático de transferencia de partidas a los municipios, similar al de la ley de coparticipación, así como la incorporación de un porcentaje mayor al 20 por ciento en el monto destinado a la inversión en equipamiento.

Sea como sea, parece necesario una vez más formular en esta columna algunas consideraciones en torno a los diagnósticos y a los proyectos que se han venido impulsando en la Provincia desde hace, al menos, treinta años. Para ello bastan algunos ejemplos.

Así, a mediados de la década del ´80 se sancionó en la Provincia la primera ley de creación de la Policía Judicial, que alcanzó unos cinco años después a tener una vigencia acotada como cuerpo experimental en el ámbito de la Procuración de la Suprema Corte. Asimismo, con la reforma de 1994 ese cuerpo fue incorporado al texto de la Constitución provincial sancionada ese año. Pero se trató de una mera sanción declamativa, ya que sigue en veremos.

Otro caso está dado, justamente, por el de las Policías comunales, que fueron propiciadas por primera vez en la Provincia a mediados de la década del ´90. Se habló de la descentralización policial como de una panacea y sin embargo esa iniciativa sigue hoy un cansador e indefinido derrotero de marchas y contramarchas.

Se trata sólo de dos ejemplos, que podrían replicarse en muchos otros, demostrativos todos de la falta de políticas coherentes y consensuadas, en suma, de convicciones para hacer de la Policía una repartición eficaz, capaz de prevenir y enfrentar al delito.

Existen suficientes referencias objetivas que explican con elocuencia la crisis que se vive en materia de seguridad. Como corolario de ese contexto, queda la impresión de que el tiempo debería ocuparse con decisiones firmes, en uno u otro sentido, ya que sólo a través de ellas –y no de permanentes indefiniciones- podrá enfrentarse con éxito al delito que sigue lastimando cotidianamente a nuestra sociedad.