Marcha atrás a medida oficial sobre las obras sociales

ANTONIO CALÓ, JEFE DE UNA DE LAS CGT

El gobierno nacional dio ayer marcha atrás en su intento por lograr el control de las obras sociales sindicales, al decidir modificar la resolución 601 que establecía una suerte de poder de veto sobre los contratos con las prestadoras.

Fuentes oficiales indicaron que la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), a cargo de Liliana Korenfeld, se comprometió ayer con la cúpula de la CGT oficialista, del metalúrgico Antonio Caló, a modificar la resolución 601 que otorgaba al Estado un poder de veto sobre los contratos de las obras sociales con la prestadoras.

Korenfel se reunió por la tarde con Antonio Caló (UOM), Omar Viviani (taxistas) y Andrés Rodríguez (UPCN) en la sede porteña de la Superintendencia de Diagonal Norte 530, y se comprometió “a dictar y publicar en el Boletín Oficial una nueva resolución” para modificar la iniciativa que tensó la aceitada relación de la central sindical con el Gobierno.

“Los contratos de las obras sociales sindicales con las prestadoras sólo van a quedar registradas en un sistema informático, sin que el Estado requiera una habilitación o tenga un poder de veto” tal como temían los popes sindicales, aseguraron a voceros del encuentro.

Durante la reunión, los sindicalistas también reclamaron a Korenfeld por el reparto de fondos de las Obras sociales, uno de los principales planteos que vienen haciendo las centrales obreras, tanto oficialistas como opositoras.

El compromiso de Korenfeld con los sindicalistas cercanos al Gobierno aplacó el clima de tensión que generó la resolución 601 en la central sindical, a punto tal que tras el consenso alcanzado los sindicalistas consideraron que “no hace falta” otra reunión por el mismo tema con otro funcionario del gobierno nacional.