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La Cámara Federal porteña declaró la inconstitucionalidad del convenio que había suscripto el Gobierno con el régimen de Teherán para interrogar a sospechosos. Cristina ordenó apelar
La Cámara Federal porteña declaró ayer inconstitucional el memorándum de entendimiento firmado por Argentina e Irán para avanzar en la causa por el atentado a la mutual judía AMIA, y le solicitó al Poder Ejecutivo que “no se dé comienzo a la ejecución” del acuerdo hasta que se resuelva la apelación que hará la administración de Cristina Fernández.
Además, dispuso que se le solicite a Interpol que revalúe los pedidos de detención contra tres acusados que no están en vigencia y que “extreme los esfuerzos y recursos para averiguar el paradero de los imputados”.
Los camaristas Eduardo Farah y Jorge Ballestero, de la Sala I del tribunal de alzada, revocaron un fallo del juez federal de la causa AMIA, Rodolfo Canicoba Corral, que avaló el memorándum al hacer lugar a un planteo, mediante una acción de amparo, de la mutual y de la DAIA.
ANTE LA CORTE
Ahora el Gobierno apelará la medida ante la propia Corte Suprema de Justicia, facultad con la que cuenta debido a que es parte del pleito como demandado. El trámite de apelación fue anunciado anoche a la prensa por el ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak, y el canciller Héctor Timerman.
El memorándum -firmado en Adis Abeba (Etiopía) el 27 de enero del año pasado por Timerman y su par iraní Ali Akbar Salehi y aprobado un mes después por el Congreso Nacional a través de la ley 26.843- estableció una “Comisión de la Verdad” entre ambos países para analizar las pruebas de la causa.
En su voto, el juez Farah sostuvo que el memorándum es “sustituto de la averiguación de la verdad” y que la Comisión “importaría admitir la indebida intromisión” de la Cancillería “en cuestiones ajenas a su competencia constitucional y, en consecuencia, aceptar una violación flagrante a la división de poderes inscrita en el sistema republicano de gobierno”.
Y agregó que “las negociaciones diplomáticas entre ambos países dejaron de lado el real conflicto existente en torno a una asistencia judicial que fue requerida por el Juez de la causa y negada hasta el momento por el Gobierno de la República Islámica de Irán”.
SIN LAS VICTIMAS
Por su parte, el juez Ballestero señaló que una de las falencias del memorándum es la falta de participación de las víctimas: “No fue estipulado que la Comisión mantenga algún tipo de trato con ellas”.
“Todas las Comisiones de la Verdad admitidas como tales, sin excepción, han previsto la participación de las víctimas, de suerte que se trata de un requisito sine qua non para diferenciarlas de otro tipo de comisiones que no se ajustan a los estándares internacionales”, agregó. Ballestero también consideró que la Comisión se inmiscuye en las funciones del Poder Judicial. “El Memorándum suscripto entre ambas naciones no logró ofrecer una respuesta satisfactoria a las innumerables interrogantes que la causa judicial plantea”, concluyó.
El atentado a la AMIA ocurrió el 18 de julio de 1994 y provocó 85 muertes y heridas a gran cantidad de personas. Tuvo un primer juez, Juan José Galeano, que fue destituido por irregularidades en el trámite, que derivaron en un juicio en el que todos los acusados de la supuesta “conexión local” fueron absueltos. Luego el juez Canicoba Corral y el fiscal Alberto Nisman solicitaron la captura internacional de seis iraníes, algunos funcionarios, acusados de planificar el atentado. Pero Irán nunca detuvo a los acusados. Además, el memorándum con Argentina no pasó por el Parlamento persa, sino que fue aprobado por ese régimen mediante un trámite administrativo.
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