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El gobierno bonaerense dispondrá la reapertura de calabozos en numerosas dependencias policiales que habían sido clausurados en los últimos años. La medida apunta a contar con más lugares donde alojar ante la gran cantidad de detenciones que se están registrando desde la puesta en marcha de la emergencia policial.
De acuerdo a lo anunciado oficialmente el último viernes, en los primeros 45 días de vigencia de esa medida excepcional se produjeron 15 mil detenciones. Y si bien muchos de los apresados son liberados inmediatamente, otros deben permanecer en dependencias policiales hasta tanto la Justicia les otorgue destino en alcaidías o unidades penitenciarias. La medida fue adoptada por el ministro de Seguridad Alejandro Granados, a través de la resolución 642/14.
El ministro dispuso “rehabilitar el funcionamiento de los calabozos en dependencias policiales” que habían sido cerrados entre 2011 y 2012 por el entonces ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, dado que numerosas dependencias presentaban falencias de infraestructura.
La resolución sostiene que “la inhabilitación de numerosos calabozos de dependencias policiales ha impactado en forma negativa respecto a las condiciones de alojamiento de detenidos en aquellos que se encuentran actualmente habilitados”. Y también indica que “por razones de celeridad resultaría apropiada la utilización de la totalidad de las plazas existentes en ámbitos policiales”.
“La operatividad con la que se trabaja en el marco de la emergencia es intensa y se hacen muchas detenciones. Para ello es necesario contar con lugares disponibles”, dijeron fuentes oficiales. La medida anunciada ayer no incluye a los calabozos que fueron clausurados por orden judicial. Y dispone además inspecciones para constatar, antes de la rehabilitación, las condiciones en que se encuentran las celdas.
La decisión surge como un paliativo hasta tanto se construyan la alcaidías anunciadas y a raíz de la virtual falta de cupos en el Servicio Penitenciario.
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