Audiencias públicas deben facilitar la participación ciudadana, no entorpecerla

Concluida la audiencia pública realizada en la localidad de San Cayetano, con el propósito de debatir el ajuste tarifario propuesto por ABSA, la primera conclusión que surge de ese encuentro es que no se advierten las razones por los cuales se eligió como sede a una ciudad tan alejada de los centros poblados de la Provincia donde, se supone, se encuentra la mayoría de los clientes de la empresa distribuidora de agua.

Esta cuestión, en apariencia formal, fue sin embargo abordada por la mayoría de los vecinos, concejales y legisladores bonaerenses presentes en el la audiencia, que no ocultaron su malestar ante las autoridades presentes no sólo para rechazar el aumento propuesto, sino para dejar expuestos los sacrificios, costos y contratiempos que debieron enfrentar muchas personas para poder llegar a esa localidad del sur provincial.

Convendría, antes que nada, reseñar que las audiencias públicas fueron concebidas en el sistema político-institucional de nuestro país y también de la provincia de Buenos Aires para acrecentar la transparencia de los actos públicos, permitiéndose a través de ellas que los habitantes ejerzan un control y, eventualmente, veten los distintos procesos de las administraciones.

La audiencia pública es, por consiguiente, uno de esos mecanismos que habilitan la participación de la gente en las distintas tomas de decisiones del poder público –concretamente de las administraciones a cargo de la gestión ejecutiva. De esta manera, todas aquellas personas que participan pueden aportar su conocimiento y experiencia, ofreciendo aportes y presentando sus distintas perspectivas sobre el tratamiento de cada asunto.

Pero esos valores teóricos –y existen muchos antecedentes que así lo demuestran- pueden quedar sujetos a verdaderas desnaturalizaciones, ya sea impidiéndose la libre participación, desoyendo a los opinantes a través de grupos de presión que asisten a las audiencias justamente para neutralizar posturas que puedan parecer adversas o, como lamentablemente ocurrió en este caso, desplazando la consideración de un tema que interesa a millones de persona hacia escenarios alejados.

Desde luego que, pese a ello, resultaron valiosas las participaciones de los presentes, en la medida en que pudieron pedir explicaciones a la empresa por la falta de mantenimiento del servicio cloacal, el vuelco de desechos sin tratamiento a ríos y arroyos, la presencia de altos niveles de arsénico y nitratos en el agua de red y la falta de presión. Los oradores habían llegado, esforzadamente, desde La Plata, Pehuajó, Bahía Blanca, Nueve de Julio, Villarino, Florencio Varela, Coronel Rosales, Moreno, Carlos Casares y Campana, entre otros distritos.

Cabe consignar que, previamente, los directivos de ABSA habían expuesto los argumentos que llevaban a solicitar una suba de entre el 46 y el 145 por ciento de las tarifas, entre ellos un déficit de unos 24 millones de pesos y la necesidad de realizar nuevas inversiones, sumado a la actualización del costo de los insumos necesarios para el tratamiento del agua potable, aún cuando no convencieron al auditorio.

Sea como sea, el tema del lugar elegido había generado una causa judicial y una decisión de un juez en lo contencioso administrativo ordenando que se realizara en un lugar de más fácil acceso, en una medida que la empresa y la Fiscalía de Estado apelaron. En este sentido, corresponde insistir en que no se advierte el motivo por el cuál fue elegida San Cayetano como lugar para realizar la audiencia pública. Y poner también de relieve que nunca se dieron a conocer con claridad los fundamentos de esa elección.