Agua: sigue “en veremos” la nueva audiencia pública

LA AUDIENCIA DE SAN CAYETANO GENERÓ POLÉMICA POR LA LEJANÍA DE LAS GRANDES CIUDADES Y LAS DIFICULTADES PARA ACCEDER

Luego de la cuestionada audiencia pública realizada el martes en San Cayetano, el gobierno bonaerense todavía no decidió si apelará la medida cautelar que lo obliga a repetir el plenario en un lugar más accesible para que vecinos y dirigentes diriman la calidad del servicio de ABSA y el ajuste tarifario propuesto por la empresa.

La elección de un distrito de 7.500 habitantes, alejado de los principales centros urbanos de la Provincia y sin micros directos, provocó la indignación de los vecinos que querían participar y no pudieron llegar y de los que sí lo hicieron, a costa de un gran sacrificio.

Pero el cuestionado escenario elegido por el Organismo de Control del Agua (Ocaba) también derivó en una presentación judicial por parte de la Mesa Provincial del Frente Unen a la que el juez en lo Contencioso Administrativo Luis Federico Arias hizo lugar la semana pasada, ordenando que se realice una nueva asamblea en un lugar que sí propicie la amplia participación vecinal.

Si bien el diputado provincial Ricardo Vago, quien firmó la presentación del amparo, había reprochado en medio de la audiencia pública que el Ocaba iba a apelar la medida de Arias, acusando a los funcionarios de “no querer abrir la discusión a la gente que no se pudo trasladar”, el organismo aún no recurrió a la Cámara pero su presidente, Javier Coronel, tampoco rechazó que lo vaya a hacer en los próximos días.

EVALUACION

Desde el conocimiento del fallo que obliga a realizar una nueva audiencia en una ciudad bonaerense con más representación de usuarios y accesibilidad, el gobierno bonaerense analiza la conveniencia de recurrir a la medida cautelar o acatarla. Es que, según trascendió en el seno del propio gobierno provincial, algunos funcionarios consideraban más favorable la rápida convocatoria a una nueva audiencia tal y como lo pide Arias, evitando así una ola de presentaciones judiciales que frene los aumentos que reclama la ABSA para sostener su funcionamiento en medio de una crisis de déficit que, acusa, es de aproximadamente 24 millones de pesos.

No obstante, por otro lado, otros funcionarios buscarían evitar otra demostración de la magnitud de la problemática con el servicio de agua y cloaca y la bronca de los vecinos, que quedó plasmada en la audiencia realizada el martes y que podría tener una participación mucho más masiva si se realizara en nuestra ciudad o cualquier otro centro urbano que propicie una mayor concurrencia, y provoque una mayor exposición del conflicto planteado por los vecinos en torno a las deficiencias y al rechazo de la suba tarifaria.

El diputado Ricardo Vago, autor de la presentación del amparo, reiteró con firmeza las críticas a la posibilidad de que el Ocaba termine finalmente apelando la orden de convocar a una nueva audiencia: “No puede ser que el órgano que represente a los usuarios pretenda impedir una resolución del juez para que se amplíe la participación de los vecinos en torno al servicio, es una contradicción”, señaló.

Anoche todavía no había trascendido si el Ocaba ya había sido notificado de la medida cautelar, algo que genera expectativa porque a partir del momento de recibir la orden de la Justicia, el gobierno bonaerense, a través de la Fiscalía de Estado, tendrá cinco días para recurrirla; de lo contrario, el camino sería acatarla y repetir el cónclave.

ENTRE EL 46% y el 145%

Como viene informando EL DIA, ABSA presentó el mes pasado ante la Secretaría de Servicios Públicos y el Ocaba una solicitud para realizar un ajuste del 46% para todos los usuarios que tienen servicio no medido, mientras que para quienes sí tienen medidor, la suba llegaría hasta el 145%. Entre los argumentos esgrimidos por la empresa, se encuentra el déficit que afronta, sumado al encarecimiento de los insumos y la necesidad de nuevas inversiones. Previo a un ajuste de este tipo, la ley prevé la realización de una audiencia pública con participación de dirigentes y vecinos que, si bien no es vinculante, sus conclusiones deben consignarse en la resolución que finalmente disponga la medida.