G6 prepara presentación judicial contra la Ley de Abastecimiento

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El llamado Grupo de los Seis (G6), que integran las principales entidades empresarias del país, comenzará a preparar una presentación judicial destinada a invalidar los eventuales alcances del proyecto de modificación de la Ley de Abastecimiento, en caso de que sea sancionado por el Congreso de la Nación.

Así lo resolvió en un encuentro del que participaron los presidentes de la Unión Industrial Argentina (UIA), Héctor Méndez; de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Carlos de la Vega; de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss; de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Etchevehere, y de la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (ADEBA), Jorge Brito.

De la reunión -que se desarrolló en el sede de la UIA, por espacio de casi dos horas- también participaron el vicepresidente de la central fabril, Daniel Funes de Rioja, y el secretario de esa entidad, José Ignacio de Mendiguren.

De Mendiguren informó que el G6 decidió, "en forma inmediata, la preparación judicial para el caso de que no se pueda modificar la norma, porque claramente atenta contra la división de poderes".

Y anunció que "vamos a trabajar con el Estudio Cassagne para preparar la eventual presentación judicial".

"Estamos preparando el camino, la vía más adecuada, por si se aprueba la ley en Diputados", informó el dirigente, quien comentó que durante la reunión "se analizaron los avances que hubo en el Senado; no obstante, y a pesar de que se limaron algunas asperezas, el fondo del problema sigue, que es la intervención arbitraria a través de los gobernadores".

De Mendiguren advirtió que el proyecto de modificación de Ley de Abastecimiento impulsado por el Gobierno "es una norma muy laxa, imposible de comprender", por lo que dijo que "vamos a insistir, trabajando con los legisladores", apuntando que "hay que evitar el daño" que ocasionaría la sanción de la ley para las empresas.

"En un momento en donde hay que seducir a la inversión, medidas como esta van en sentido contrario", señaló el también diputado por el Frente Renovador, quien remarcó que el G6 está a favor de "la defensa del consumidor".

El dirigente cuestionó "la ambigüedad" de la norma, ya que "es tan amplia que es imposible determinar cuándo se cumple o no con la ley" y se preguntó "qué es un stock adecuado o una rentabilidad adecuada; ¿será el mismo concepto para (el gobernador de Formosa, Gildo) Insfrán, que para (el gobernador de Tucumán, José) Alperovich o (el gobernador de Córdoba, José Manuel) de la Sota?".

"Esperemos que el sentido común prime, porque (la iniciativa) va en contra de aquello que se quiere defender, que es el trabajo", advirtió De Mendiguren, quien expresó que "hoy se defiende al consumidor diciéndole que no va a perder el empleo, que va a recuperar las horas extras que hoy no está haciendo, que vamos a bajar la inflación; esa es su verdadera protección, con eso se va a volver a animar y va a consumir".

El diputado nacional enfatizó que "con estas medidas vamos a lograr que aquel que piensa invertir postergue la decisión" y el consumidor "va a seguir muy protegido teóricamente por una ley que, por otro lado, está poniendo en riesgo su fuente de trabajo".

El G6 tiene previsto emitir un comunicado que, según adelantó De la Vega, "expresa el absoluto acuerdo de que los mercados deben ser transparentes y competitivos" y cuestiona "la arbitraria y discrecional intervención del Estado".

De la Vega comentó que el texto del comunicado que se difundirá en las próximas horas fue "aprobado por unanimidad" por las entidades que conforman el G6 y reconoció que durante el encuentro "se habló de la eventualidad de recurrir a la Justicia en caso de que (la ley) sea sancionada"